Cristián Herrera, periodista con más de una década de trayectoria en Cúcuta, fue asesinado este sábado, 6 de junio, en el barrio Quinta Oriental de esa ciudad, cuando salía de la casa de su suegra acompañado de su esposa.
Un sicario en motocicleta le disparó en repetidas ocasiones, causándole cinco heridas por arma de fuego. Fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció. La Fiscalía asumió la investigación.
Egresado de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Herrera había construido su carrera como reportero judicial en el diario La Opinión de Cúcuta. En los últimos años combinaba su trabajo en medios digitales con una asesoría en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía.
Según fuentes extraoficiales conocidas por El Tiempo, el comunicador contaba con esquema de seguridad al momento del ataque. La revista Semana confirmó que tenía varias amenazas contra su vida. «Estamos verificando si tenía amenazas», indicó una fuente policial.
Unidades de la Policía Nacional y organismos de investigación llegaron a la escena a recolectar pruebas. Los móviles permanecían sin determinar oficialmente en el momento de esta publicación.
Con este crimen, el número de periodistas asesinados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro asciende a nueve, todos vinculados directamente a su labor informativa. En mayo pasado, el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia, ya encendió las alarmas de los organismos de defensa de la prensa.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registra 387 agresiones contra periodistas por parte de grupos armados desde 2022, siendo las amenazas y el desplazamiento forzado los métodos más frecuentes para imponer censura.
El asesinato de Pérez Rueda elevó a 170 la cifra histórica de comunicadores asesinados por razones vinculadas a su oficio desde 1977. Antioquia y Norte de Santander concentran los casos más recientes y más graves.
La FLIP ha señalado que el periodismo regional en Colombia se ejerce en condiciones extremas de desprotección: sin esquemas de seguridad garantizados por el Estado, con recursos limitados y bajo presión constante de grupos armados que buscan silenciar la información local.
Norte de Santander, en disputa entre múltiples estructuras ilegales, es uno de los territorios con mayor exposición para los comunicadores que cubren orden público y corrupción.