Tras denuncias sobre ciertas irregularidades en las cárceles de los estados Guárico y Lara, fueron detenidos 11 funcionario del Ministerio de Servicios Penitenciarios, entre ellos dos directores.
La información la dio a conocer el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que venía denunciando en varias oportunidades hechos de corrupción en todos los recintos penitenciarios del territorio nacional.
Entre las denuncias más contundentes destacar las condiciones de hacinamiento luego del “fin del pranato” tras la intervención de siete cárceles desde el noviembre de 2023.
Según las investigaciones y testimonios recopilados por OVP, “dichos operativos no lograron más que incrementar el hacinamiento, permitir la fuga de peligrosos pranes como “Niño Guerrero” y fomentar la corrupción por parte de los funcionarios”.
Los funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios, estaría cobrando una suma semanal o mensual, a cambio de algunos beneficios y la integridad física de los privados de libertad, denuncia la OVP.
Detalla que los privados de libertad deben pagar desde la visita conyugal hasta el ingreso de alimentos.
Según esta organización, la solución siempre ha sido el cambio de un recinto a otro para los directivos y funcionarios como única sanción, lo que no constituye la solución del problema.
De acuerdo con la información, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y custodios penitenciarios realizaron recientemente una requisa en el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, ubicado en el estado Guárico, la cual habría concluído sin novedad.
Un operativo similar se llevó a cabo el 25 de febrero de 2024 en las instalaciones de la Comunidad Penitenciaria Fénix, en Lara, donde presuntamente localizaron una plantación de marihuana, sustancias estupefacientes, bebidas, pastillas y más de 500 teléfonos celulares.
El Diario