La creciente preocupación por la inseguridad jurídica y presuntas irregularidades en el cálculo de aranceles mantiene en alerta al sector legal y a ciudadanos del estado Zulia, quienes denuncian cobros excesivos en trámites de registro.
Ante esta situación, se elevó un llamado formal al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) para la conformación de una instancia conjunta de revisión.
Proponemos integrar a registradores, directores de Catastro, representantes del Colegio de Abogados y usuarios afectados, con el fin de auditar los criterios de cobro aplicados actualmente.
⚖️ Diferencias entre la norma y su aplicación
De acuerdo con la Ley de Registros y Notarías, el arancel para la protocolización de compra-ventas no debe superar el 2% del valor de la operación. Sin embargo, denuncias provenientes de usuarios en distintos registros inmobiliarios del Zulia indican que las Planillas Únicas Bancarias (PUB) reflejan montos que superan entre el 10% y el 15% del valor del inmueble.
Estas cifras, según los afectados, en algunos casos se acercan incluso al costo total de la propiedad, lo que genera preocupación en el sector.
🚫 Consecuencias para ciudadanos y profesionales
La falta de claridad en los mecanismos de cálculo —especialmente en los sistemas automatizados— ha sido señalada como un factor que propicia discrecionalidad en los cobros. Esta situación no solo impacta económicamente a los usuarios, sino que también dificulta el ejercicio profesional de abogados y asesores legales.
Asimismo, se advierte que estas condiciones podrían incentivar la formalización de acuerdos privados sin respaldo jurídico, exponiendo el patrimonio de los ciudadanos a riesgos legales.
📩 Solicitudes planteadas
Entre las principales peticiones elevadas al ente nacional destacan:
- Transparencia técnica: explicación detallada de los fundamentos legales y criterios utilizados en el cálculo de aranceles.
- Auditoría inmediata: revisión exhaustiva de los parámetros aplicados en los registros del estado Zulia.
- Mesa de trabajo: creación de un espacio de articulación entre autoridades y gremios en la Costa Oriental del Lago y otras zonas de la entidad.
Los solicitantes insisten en la necesidad de atender esta problemática bajo el marco de la Providencia Administrativa N.º 001-12, con el objetivo de restablecer la confianza en el sistema registral.
Abogada especialista en Derecho Mercantil, Mgs. Mónica Padrón Morillo