El mandatario presentó su dimisión este jueves 5 de noviembre, mientras el Congreso debatía un juicio político en su contra. La crisis bancaria dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y comprometió unos 850 millones de dólares en fondos públicos.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves 5 de noviembre su renuncia al cargo, en medio de una profunda crisis política y financiera provocada por el colapso de Ueno Bank, una entidad que mantenía cerca de tres millones de clientes y administraba importantes recursos del Estado.
La decisión se conoció mientras la Cámara de Diputados debatía iniciar un juicio político contra el mandatario y su vicepresidente, Pedro Alliana, por presuntas irregularidades y conflictos de intereses relacionados con la entidad financiera.
A través de un mensaje grabado y difundido en sus redes sociales, Peña justificó su salida como una medida para preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.
«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», expresó.
El mandatario también pidió disculpas a los paraguayos si en algún momento había fallado a la confianza depositada en su gestión y aseguró que su principal preocupación era garantizar la devolución de los ahorros de los ciudadanos afectados por la crisis bancaria.
El escándalo de Ueno Bank que sacudió al Gobierno
La renuncia de Peña se produjo después de que el Banco Central del Paraguay ordenara la intervención y disolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de los niveles mínimos exigidos por la regulación financiera.
La medida dejó a aproximadamente 2,9 millones de clientes sin acceso a sus cuentas, en un país con poco más de seis millones de habitantes. Además, la entidad administraba alrededor de 850 millones de dólares en recursos públicos, incluidos depósitos del Instituto de Previsión Social.
El caso generó preocupación entre los ahorristas, protestas en Asunción y una fuerte presión sobre las autoridades financieras, mientras avanzaban las investigaciones sobre las operaciones del banco.
Uno de los elementos que comprometió políticamente a Peña fueron sus antiguos vínculos empresariales con Grupo Vázquez, conglomerado que controlaba la entidad financiera. El mandatario había sido accionista del grupo antes de vender su participación en abril de 2025 y ha rechazado las acusaciones de actuaciones irregulares.
Por su parte, la Fiscalía abrió investigaciones por presuntas irregularidades financieras y formuló imputaciones contra 27 personas vinculadas con operaciones crediticias realizadas entre 2025 y 2026.
El Partido Colorado retiró su respaldo
La situación política se agravó cuando Horacio Cartes, expresidente paraguayo y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, anunció que la organización respaldaría el juicio político contra Peña.
El pronunciamiento tuvo un peso determinante, debido a que Cartes fue uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial de Peña en 2023 y mantiene una importante influencia dentro de la estructura oficialista.
La acusación parlamentaria, presentada por 35 legisladores, también incluía al vicepresidente Pedro Alliana. Entre los cuestionamientos figuraban presuntos conflictos de intereses, manejo de fondos públicos y actuaciones institucionales relacionadas con la crisis financiera.
¿Quién asumirá la Presidencia de Paraguay?
La renuncia de Peña debe ser tratada por el Congreso paraguayo. Si es aceptada, el vicepresidente Pedro Alliana asumirá la Presidencia y deberá completar el período constitucional hasta agosto de 2028.
Mientras se desarrolla la transición política, uno de los principales desafíos del próximo Gobierno será recuperar la confianza en el sistema financiero y garantizar que los clientes afectados puedan disponer nuevamente de sus recursos.
En paralelo, las autoridades deberán esclarecer las responsabilidades administrativas y judiciales derivadas del caso, que pasó de ser una crisis bancaria a convertirse en uno de los mayores escándalos políticos que ha enfrentado Paraguay en los últimos años.