El ciudadano uruguayo-venezolano José Breijo, de 73 años, denunció haber encontrado su apartamento presuntamente invadido luego de ser excarcelado tras permanecer dos años detenido en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, acusado de supuesto terrorismo.
Breijo recibió una medida cautelar de arresto domiciliario y, al regresar a su residencia en Caracas, ubicada en el edificio Pascuareli de Bello Monte, parroquia El Recreo, descubrió que la puerta de su vivienda tenía un candado ajeno y que no podía ingresar al inmueble.
Según la denuncia, el apartamento habría sido ocupado por un funcionario del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), organismo que presuntamente participó en su detención.
Sin acceso a su vivienda y limitado por la medida cautelar que le impide abandonar el edificio, el adulto mayor se ha visto obligado a dormir en un colchón en el pasillo frente a su apartamento.
«Me quitaron dos años de mi vida preso injustamente y ahora me roban mi apartamento con todas mis pertenencias adentro. Soy un anciano trabajador, no un terrorista. Me lo han quitado todo», expresó Breijo.
El caso fue denunciado públicamente por el periodista y activista venezolano Carlos Julio Rojas, quien calificó la situación como “dantesca”.
“No solo se lo llevaron preso dos años a Tocuyito por tomar una foto, sino que el mismo policía que lo secuestró le invadió su apartamento. Ahora le otorgan casa por cárcel y no tiene dónde cumplirla”, afirmó Rojas.
De acuerdo con el activista, Breijo presenta un delicado estado de salud debido a enfermedades adquiridas durante su permanencia en prisión, situación que agrava aún más sus condiciones actuales.
Asimismo, señaló que el adulto mayor no puede salir del edificio a buscar alimentos o medicinas sin correr el riesgo de incumplir la medida cautelar impuesta por las autoridades.
Rojas exigió la intervención del fiscal general Larry Davoe y de la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, además de solicitar al Gobierno de Uruguay asistencia consular para Breijo, quien asegura no haber recibido apoyo diplomático durante el proceso.
“El caso de José Breijo refleja la situación de centenares de presos políticos que, además de perder su libertad, denuncian el despojo de sus propiedades y pertenencias durante su reclusión”, advirtió el periodista.
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