Legisladores de Florida presentaron este jueves un proyecto de ley para proteger de la deportación a unos 600.000 venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS).
La medida surge en medio de las órdenes de la administración Trump que buscan acabar con varios beneficios migratorios, dejando en el limbo a miles de estos ciudadanos.
Representantes demócratas y republicanos de la Cámara Baja de Estados Unidos presentaron la iniciativa, que otorgaría automáticamente un TPS por 18 meses, renovables, a los venezolanos en Estados Unidos, evitando que las autoridades los deporten y que les permita trabajar.
El condado de Miami-Dade y la ciudad de Orlando, en el centro de Florida, concentran una de las mayores poblaciones de migrantes venezolanos en Estados Unidos, muchos de ellos con TPS o parole humanitario.
La iniciativa, titulada Venezuela TPS Act of 2025, es impulsada por los parlamentarios demócratas Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz, y la republicana María Elvira Salazar.
Soto lamentó que la administración Trump busca «despojar a los venezolanos del Estatus de Protección Temporal (unos ya existentes), del parole y de otras protecciones críticas durante un momento de gran inestabilidad en su país».
El demócrata calificó de «insulto» darles la espalda a estas personas. «Ahora más que nunca debemos unirnos para proteger a nuestra comunidad de un trato injusto y deportaciones inconstitucionales», dijo.
Los venezolanos con TPS «no son criminales»
Wasserman Schultz enfatizó el carácter legal y pacífico de los actuales beneficiarios del TPS, que se encuentran en el limbo. «No son criminales, están aquí legalmente y nadie con antecedentes penales es elegible para esta protección», puntualizó.
«Simplemente está mal someter a familias venezolanas respetuosas de la ley a un régimen criminal y asesino que viola abierta y flagrantemente los derechos humanos», declaró la demócrata.
Salazar dijo en un comunicado que «la opresión del régimen de Maduro y el fracaso total del socialismo del siglo XXI ha creado condiciones peligrosas en Venezuela y una amenaza constante de persecución política».