El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió una investigación «seria, independiente e imparcial» tras la muerte de Clorobaldo Araujo Vergara, privado de libertad en el Centro Penitenciario de Occidente I (CPO I), conocido como la cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira.
Según la información recibida por la organización, el recluso falleció por un presunto ahorcamiento dentro del recinto penitenciario. Ante este hecho, el OVP recordó que toda muerte ocurrida bajo custodia del Estado debe ser esclarecida de forma transparente y con la correspondiente determinación de responsabilidades.
«La verdadera obligación es demostrar que se adoptaron todas las medidas necesarias para proteger su vida y esclarecer, con absoluta transparencia, las circunstancias en las que ocurrió el hecho», señaló la organización en un comunicado difundido en sus redes sociales.
OVP pide esclarecer las circunstancias del fallecimiento
El Observatorio enfatizó que, cuando una persona presuntamente se quita la vida dentro de un centro de reclusión, la investigación no debe limitarse a establecer la causa de la muerte.
A su juicio, también es indispensable determinar si existían mecanismos adecuados de vigilancia, si se aplicaron los protocolos de prevención y actuación, y si hubo posibles omisiones por parte de los funcionarios responsables de garantizar la integridad física de la persona privada de libertad.
Denuncian falta de investigaciones transparentes
El OVP advirtió que, en Venezuela, las muertes ocurridas en centros penitenciarios «rara vez vienen acompañadas de investigaciones transparentes o de la determinación de responsabilidades».
La organización sostuvo que, con frecuencia, los expedientes concluyen únicamente con una causa de muerte, mientras quedan sin respuesta aspectos fundamentales sobre las condiciones que permitieron el hecho y la posible responsabilidad de las autoridades encargadas de la custodia.
«Cada muerte bajo custodia es responsabilidad del Estado»
Finalmente, el Observatorio Venezolano de Prisiones reiteró que cada fallecimiento registrado bajo custodia estatal constituye un hecho de extrema gravedad que exige investigaciones independientes, sanciones cuando correspondan y medidas efectivas para proteger la vida de las personas privadas de libertad.
«Mientras no existan investigaciones independientes, sanciones cuando correspondan y garantías efectivas para proteger la vida de las personas privadas de libertad, cada nueva muerte seguirá evidenciando el fracaso del sistema penitenciario venezolano para cumplir con una de sus obligaciones más elementales: preservar la vida de quienes mantiene bajo su custodia», concluyó la organización.