La organización alertó nuevamente sobre las condiciones sanitarias en los centros de reclusión venezolanos y pidió reforzar los mecanismos de prevención, vigilancia epidemiológica y atención médica para las personas privadas de libertad.
En conjunto, Rodeo II y Rodeo IV albergan a cerca de 2.000 internos.
En Rodeo II falleció Jhonney Alexis Martínez Cordero, quien, de acuerdo con la información recopilada por el OVP, padecía meningitis bacteriana.
El organismo señaló que el penal alberga actualmente a más de 1.000 reclusos, pese a que fue construido para una población aproximada de 500 personas, lo que representa al menos el doble de su capacidad original.
El OVP expresó especial preocupación por el diagnóstico de meningitis bacteriana, debido a que se trata de una enfermedad transmisible y el hacinamiento puede aumentar los riesgos sanitarios para el resto de la población penitenciaria.
Mientras tanto, en Rodeo IV murió Anthony Alejandro Quintero Galindo, quien padecía VIH, sífilis y un síndrome diarreico crónico.
En ese centro permanecen recluidas más de 950 personas. El OVP recordó además que otro privado de libertad, Deivi Enrique García, murió por causas relacionadas con su salud el pasado 20 de abril.
OVP pide información sobre las condiciones sanitarias
La organización cuestionó la falta de información pública sobre la situación de Rodeo IV y señaló que no existen datos verificables sobre alimentación, higiene, acceso al agua potable, atención médica, enfermedades, tratamientos disponibles y fallecimientos bajo custodia.
El OVP también se refirió al anuncio del Gobierno venezolano sobre un trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para revisar las condiciones de los centros de reclusión y promover mejoras en el sistema penitenciario.
Aunque consideró positiva la participación de un organismo internacional, pidió que cualquier eventual visita permita conocer las condiciones reales de los centros penitenciarios y no se limite a espacios previamente seleccionados por las autoridades.
Asimismo, solicitó acceso a información sobre muertes bajo custodia, enfermedades, desnutrición, disponibilidad de medicamentos, hacinamiento y atención médica, además de entrevistas confidenciales con los privados de libertad.
Finalmente, el OVP exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar cuáles fueron los protocolos aplicados en los casos de Martínez y Quintero y determinar si existieron fallas u omisiones en su atención médica.

