El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes la muerte de Edwar Arturo Muñoz, quien permanecía recluido en la Comunidad Penitenciaria de Coro, estado Falcón, y alertó sobre las condiciones críticas que enfrenta el penal debido al hacinamiento, las deficiencias en los servicios básicos y las dificultades para acceder a atención médica.
Según la organización, Muñoz falleció por problemas de salud mientras se encontraba privado de libertad. El OVP advirtió que las condiciones del centro penitenciario pueden agravar el estado de salud de los internos que requieren atención médica oportuna.
La Comunidad Penitenciaria de Coro fue diseñada para albergar aproximadamente 800 personas, pero actualmente permanecen allí más de 1.700 privados de libertad, de acuerdo con las cifras difundidas por el observatorio.
Esto significa que la población penitenciaria supera en más de 212 % la capacidad instalada, mientras que el nivel de hacinamiento se ubica por encima del 112 %, según la ONG.
Falta de agua y deficiencias sanitarias
El OVP señaló que a la sobrepoblación se suman problemas para acceder a agua potable, alimentación y servicios sanitarios, además de las dificultades relacionadas con la atención médica.
La organización advirtió que este conjunto de factores incrementa los riesgos para las personas privadas de libertad, especialmente cuando padecen enfermedades que requieren diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
“Estar privado de libertad no significa perder el derecho a la salud ni a la vida”, sostuvo el OVP, al recordar que el Estado mantiene la obligación de garantizar atención médica, alimentación adecuada, agua potable y condiciones dignas de reclusión.
El observatorio ha denunciado durante este año otros fallecimientos de personas privadas de libertad asociados, según sus reportes, a enfermedades y dificultades para recibir atención sanitaria dentro de los centros penitenciarios.
OVP pide intervención de la Defensoría del Pueblo
Tras conocer el fallecimiento de Muñoz, la organización cuestionó nuevamente la actuación de la Defensoría del Pueblo y solicitó que intervenga para garantizar la protección de los derechos fundamentales de la población penitenciaria.
“¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Por qué no interpone una acción para proteger el derecho a la vida de las personas privadas de libertad?”, cuestionó el observatorio.
El OVP insistió en que las condiciones de reclusión no eximen al Estado de su responsabilidad de preservar la vida y garantizar la integridad y la salud de quienes permanecen bajo custodia.
La denuncia vuelve a poner el foco sobre la situación de los centros penitenciarios venezolanos y, particularmente, sobre la Comunidad Penitenciaria de Coro, donde la población recluida supera ampliamente la capacidad para la que fue construido el recinto.