El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes 20 de abril la muerte de Deivi Enrique García bajo custodia del Estado en el centro penitenciario El Rodeo IV, una instalación de la que, según la organización, no existían registros públicos previos.
El fallecimiento, atribuido a un paro respiratorio, convierte a García en el primer recluso muerto en este recinto, ubicado dentro del complejo penitenciario de El Rodeo, en el estado Miranda.
Dos muertes en menos de 24 horas
La ONG también reportó la muerte de otro privado de libertad, identificado como Ovidio José Madriz Mendoza, quien falleció en El Rodeo III, igualmente por un paro respiratorio.
Ambos casos ocurrieron en un lapso menor a 24 horas dentro del mismo complejo penitenciario, lo que, según el OVP, no puede considerarse un hecho aislado, sino parte de una problemática estructural en el sistema carcelario venezolano.
Un sistema bajo cuestionamiento
El Observatorio advirtió que estas muertes reflejan condiciones persistentes en las cárceles del país, caracterizadas por hacinamiento, insalubridad, fallas en el acceso a agua potable, alimentación deficiente y atención médica limitada o inexistente.
Organizaciones de derechos humanos han documentado de forma reiterada estas deficiencias, alertando sobre el riesgo constante para la vida de las personas privadas de libertad.
Denuncias de maltrato y abandono
Además de las condiciones materiales, el OVP señaló que continúan las denuncias de maltrato, negligencia, castigos arbitrarios y restricciones al contacto con familiares dentro de los centros de reclusión.
Estas prácticas, aseguran, agravan la vulnerabilidad de los internos y profundizan el deterioro del sistema penitenciario.
Exigen investigación y acciones internacionales
La organización exigió a las autoridades venezolanas garantizar los derechos de los privados de libertad e iniciar investigaciones sobre ambos fallecimientos.
Asimismo, informó que los casos serán elevados ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de activar mecanismos de seguimiento y supervisión sobre la situación carcelaria en Venezuela.
La denuncia reaviva el debate sobre las condiciones en las cárceles del país, en medio de reiterados señalamientos sobre la falta de atención integral y el aumento de muertes bajo custodia estatal.
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