Este lunes el Ministerio Público introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo contra la organización Política Voluntad Popular.

Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, , que el objetivo del recurso de interpretación es determinar si la organización conocida como Voluntad Popular es una organización terrorista y si es susceptible de sanciones por este motivo  en concordancia con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

«Realizamos esta solicitud de interpretación con base en las atribuciones del Ministerio Público, como garante del respeto a los derechos y garantías constitucionales según el artículo 285, numeral primero, de la Constitución, así como en el artículo 266 de la Constitución, que establece las competencias del TSJ, el cual en su numeral 6º señala entre sus atribuciones conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley», precisó Saab.

Desde el 2013, en la que resultó electo el presidente Nicolás Maduro, este partido inició su deriva violenta hasta convertirse en una organización dedicada al ataque y destrucción del Estado».

Dijo que la organización comenzó con «la propuesta de La Salida. Ante la imposibilidad siquiera de erigirse como candidato opositor, Leopoldo López, apoyado por Antonio Ledezma y María Corina Machado, propuso salir del gobierno constitucional por la vía de la escalada violenta. Esta acción se produjo cuando gobierno y oposición habían iniciado un acercamiento, tras el desconocimiento inicial del triunfo del presidente Maduro hecho por el entonces candidato opositor Henrique Capriles. Eso es conocido públicamente».

Recordó cuando «en las mal llamadas guarimbas del año 2014, se pudieron ver tres tipos de violencia organizada: La utilización de grupos de choque para generar violencia, el cierre y colocación de obstáculos en vías de comunicación en diferentes ciudades y la realización de actos terroristas como ataques incendiarios contra centros de salud, bibliotecas, universidades, centros deportivos, vehículos de transporte público y edificios del Estado. Al peor estilo de las organizaciones paramilitares conocidas en la región, como resultado de estos hechos hubo 43 muertes y más de 400 heridos».

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