La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentó este martes 17 de septiembre su informe actualizado sobre la situación en Venezuela.
En el informe advierte que la administración de Nicolás Maduro intensificó sus acciones represivas contra todo lo que sea contrario a sus decisiones y acciones.
El informe de esta misión señala que estas violaciones y crímenes que se documentaron, junto a la presunta comisión de delitos de lesa humanidad de persecución política, son parte «de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición».
Marta Valiñas, presidenta de dicha comisión, advirtió que lo que se ha estado viendo recientemente en Venezuela forma parte de unos patrones ya evidenciados en otras ocasiones y que son un ataque grave a los derechos fundamentales de los ciudadanos, al igual que denunció que fue alcanzado un nuevo hito en el último periodo a evaluar (septiembre 2023 a septiembre de 2024) en lo que es el deterioro del estado de Derecho, evidenciando que los poderes públicos en el país ya no aparentan independencia.
En julio de 2024, fueron documentados más de 120 arrestos durante eventos de campaña de la oposición bajo el argumento de conspiración, al igual que fueron emitidas órdenes de captura contra otras personas; mientras que en la primera semana de protestas poselectorales se conoció por las mismas autoridades que habían más de 2.000 detenciones, entre ellos menores de edad y personas con discapacidad, que fueron acusadas de presunto terrorismo e incitación al odio.
«Estas detenciones implicaron y fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país. Los procedimientos penales iniciados contra los detenidos violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso», indica el texto.
«Este fenómeno es algo nuevo y extremadamente preocupante», sostuvo la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.
Además, la Misión ratifica que el sistema de justicia, junto al TSJ, «está claramente subordinado a los intereses del poder Ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social», enfatizando que esta práctica de violación al debido proceso y el ejercicio arbitrario del poder ya se había advertido en otras ocasiones y ahora se evidencia.
Por su parte, la experta que integra esta misión, Patricia Tappatá, señaló que la política represiva de Maduro fue dirigida a quienes criticaron su administración o protestar contra los resultados electorales; enfocándose en quienes militan en partidos políticos o los que son percibidos como opositores.