Para Yuliana Martínez, una colombiana residente en San Antonio, Texas, la detención de sus padres por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) no solo representó una experiencia emocionalmente dolorosa, sino también un fuerte golpe económico.
Según el testimonio de Martínez, la familia terminó gastando alrededor de 20.000 dólares durante el proceso para asistir a sus padres mientras permanecían bajo custodia migratoria.
Martínez, quien llegó a Estados Unidos en 2014 como estudiante internacional y posteriormente obtuvo la residencia tras ser víctima de violencia doméstica, se encuentra además en la etapa final de un embarazo de alto riesgo. Ahora utiliza su experiencia para advertir a otras familias inmigrantes sobre los costos y dificultades que, asegura, puede implicar tener a un familiar recluido en un centro de detención.
De acuerdo al reportaje en Univisión, el caso comenzó con una parada de tráfico en las afueras de San Antonio. La familia considera que la intervención policial fue injustificada y cuestiona la versión de que sus padres no se detuvieron ante una señal de tránsito. Según Yuliana, posteriormente revisaron y grabaron el recorrido y no observaron la señal de alto mencionada durante el procedimiento.
Sus padres, quienes se encontraban adelantando un proceso relacionado con su residencia, fueron trasladados al centro de detención de Pearsall, en Texas.
Una llamada de $53: gastos por detención de ICE
Uno de los primeros impactos económicos que recuerda Martínez ocurrió cuando su padre intentó comunicarse con la familia desde el centro de detención.
“Los esposan aquí, en las muñecas, y los esposan en los pies, les ponen cadenas. La primera llamada de mi papá, como dicen que debería ser gratis para comunicarse con sus familiares, no lo fue; me costó 53 dólares”, relató.
La colombiana también cuestionó el sistema mediante el cual las personas detenidas pueden acceder a determinados servicios dentro del centro.
Según su relato, la familia tuvo que destinar dinero para llamadas telefónicas y para la compra de alimentos y otros productos, además de afrontar los gastos relacionados con el proceso migratorio.
“Eso es un completo negocio: si quieres llamar, tienes que tener dinero en la cuenta”, afirmó Martínez, quien describió las dificultades que encontró para habilitar y recargar las cuentas utilizadas por los detenidos.
De acuerdo con su testimonio, la suma de los diferentes gastos relacionados con la detención y el proceso de sus padres ascendió a unos 20.000 dólares.
La cifra corresponde a la experiencia económica de esta familia y no constituye una tarifa oficial de ICE por mantener a una persona detenida. Los costos pueden variar considerablemente según las circunstancias de cada caso, incluidos gastos legales, comunicaciones, traslados y otros servicios.
“Es falta de empatía”: costo de la detención de ICE
Más allá del dinero, Martínez cuestionó el trato recibido por sus padres durante el período de detención.
Su padre padece problemas respiratorios y, según la familia, su condición se agravó mientras permanecía recluido.
Yuliana relató que, ante uno de sus episodios de salud, recibió una respuesta que consideró insuficiente: “Tómese dos pastillas y siéntese ahí en el piso”, aseguró que le dijeron, al describir además las condiciones frías del lugar.
La colombiana también expresó indignación porque, según su percepción, buena parte del personal que trabaja en el centro tiene raíces hispanas.
“Quizá no hablan español, pero el cabello negro y la piel morena y todo esto se nota. Entonces, es falta de empatía. Todos venimos de ahí, no se nos puede olvidar”, reclamó.
Sus padres quedaron bajo supervisión migratoria
Tras el proceso de detención, los padres de Yuliana regresaron a casa, pero permanecen bajo medidas de supervisión migratoria y utilizan dispositivos de monitoreo en sus piernas.
La situación, afirma, ha tenido consecuencias psicológicas en la familia. Sus padres evitan salir de casa y se sienten marcados por el uso del dispositivo, pese a que, según Yuliana, no tienen antecedentes criminales ni en Estados Unidos ni en Colombia.
“Ninguno. Ni aquí ni en Colombia. El récord criminal de ellos fue venir para estar con sus nietos”, expresó.
Para Martínez, la experiencia también ha generado un sentimiento de culpa mientras se acerca el nacimiento de su hijo.
“Hubiera preferido mil veces que me pasara a mí porque la que decidió migrar fui yo, y otras personas están pagando el precio de mi sueño”, confesó.
Ahora, mientras espera dar a luz en los próximos días, Yuliana asegura que su principal deseo es que sus padres puedan recuperar plenamente su tranquilidad. También manifestó su intención de ayudar a otras personas que permanecieron detenidas junto a ellos y que, según afirma, no cuentan con familiares o contactos fuera del centro de detención.
Su mensaje para la comunidad inmigrante es directo: estar preparado no solo implica conocer los derechos migratorios, sino también entender los costos económicos y familiares que puede generar una detención.