La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, juramentó a Katherine Haringhton Padrón como nueva presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Cabe destacar que Katherine Haringhton fue Vicefiscal del Ministerio Público en el periodo 2017-2018.
El acto, realizado en el Auditorio de Sala Plena del TSJ, contó con la presencia de los Magistrados y Magistradas que integran la Junta Directiva del máximo tribunal, así como del Director Ejecutivo de la Magistratura.
Katherine Nayartih Haringhton Padrón es conocida por tomar numerosos casos políticos polémicos y por ser la única civil entre los siete funcionarios sancionados por el gobierno de Barack Obama mediante decreto presidencial del 8 de marzo de 2015 por violación de derechos humanos entre febrero y marzo de 2014.
Se encargó de la investigación del apagón nacional ocurrido en septiembre de 2013.3
En 2012 imputó cargos contra Ana María Abreu de San Miguel, acusada de delitos contra la seguridad de la nación por uso de información reservada, hermana de la directora de la ONG Control Ciudadano Rocío San Miguel.
En 2014 imputó a varias personas en el contexto de La Salida y de las protestas en Venezuela de 2014, incluyendo a Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, los cargos de tenencia de artefactos explosivos y obstrucción a la vía pública, a Gaby Arellano, entonces del Frente Universitario de Voluntad Popular, por el delito de conspiración, y a María Corina Machado por supuestamente estar vinculada en un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, citando a Henrique Salas Römer, Gustavo Tarre, Robert Alonso, Pedro Mario Burelli, Diego Arria y Ricardo Koesling para que testificaran ante la presunta conspiración.
En junio del mismo año firmó la citación contra Tamara Sujú, directiva de la ONG Foro Penal Venezolano para que compareciera por desestabilización y traición a la patria, quien huyó del país para evadir la medida.
Haringhton también estuvo implicada en el caso de Lorent Gómez Saleh el mismo año, a quien imputó los cargos de conspiración a la rebelión, instigación e intimidación al orden público, incertidumbre pública, divulgación de información falsa, expedición indebida de certificaciones, facilitación de ingreso ilegal de extranjero y falsificación de documentos, y al piloto privado Rodolfo González, a quien se le imputaron los delitos de conspiración, instigación pública y asociación para delinquir y quien se suicidó en marzo de 2015 en su celda en El Helicoide.
En 2015 recibió el expediente y llevó a cabo la imputación contra el alcalde metropolitano Antonio Ledezma junto a su auxiliar Yeison Moreno por el delito de conspiración y asociación contra el gobierno nacional.
El 8 de marzo de 2015 fue sancionada con el congelamiento de los bienes en Estados Unidos y la suspensión de la visa por el Departamento de Estado de dicho país e incluida en la lista de la Oficina de control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) al ser acusada de violación de derecho humanos durante las protestas de 2014, siendo una de siete funcionarios sancionados y la única civil.
En abril de 2015 fue designada por Nicolás Maduro como viceministra para el Sistema Integrado de Investigación Penal, Justicia y Paz del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cargo que ocupó entre 2015 y 2016 hasta ser removida año y medio después para formar parte del Consejo General de Policía del mismo viceministerio, donde estuvo al mando del Plan de Desarme Voluntario y de la refundación del CICPC y la adecuación del Servicio de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).
El 29 de septiembre de 2016 remitió una solicitud de jubilación a Luisa Ortega Díaz.
ClideMarchelli