Un juez federal de Miami condenó este martes 14 de julio a Nicolás Maduro, al empresario Álex Saab y a otros cinco funcionarios de su administración a pagar una indemnización de 314 millones de dólares en daños y perjuicios a tres ciudadanos estadounidenses. Los demandantes fueron encarcelados ilegalmente y sometidos a torturas en territorio venezolano, según reveló un informe de la agencia Associated Press (AP).
La sentencia fue dictada por el juez federal Darrin P. Gayles, quien responsabilizó directamente a los acusados por participar en una «empresa criminal» dirigida por Maduro. El fallo judicial también incorpora al denominado «Cartel de los Soles», la organización señalada por los organismos de inteligencia de EE. UU. como una red de narcotráfico operada por la cúpula militar venezolana.
Quiénes son las víctimas y qué sufrieron
La multimillonaria compensación ampara a tres ciudadanos norteamericanos que vivieron un prolongado cautiverio en los calabozos estatales de Venezuela:
- Jerrel Kenemore: Especialista en informática de Fort Worth, Texas. Permaneció encarcelado durante 643 días tras ser capturado en 2022 por civiles armados cerca de la frontera tachirense.
- Jason Saad: Originario de Alabama y trabajador del sector de la construcción en Venezuela.
- Edgar Marval: Empresario de Florida con operaciones comerciales activas en el país suramericano.
De acuerdo con el expediente de la demanda, los tres estadounidenses fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, sufriendo descargas eléctricas, golpizas contundentes y posiciones de estrés prolongadas durante sus interrogatorios.
Los tres afectados recuperaron su libertad en diciembre de 2023 en un canje de prisioneros negociado por la administración de Joe Biden, acuerdo en el cual la Casa Blanca liberó a Álex Saab, quien enfrentaba cargos federales por lavado de dinero.
Delcy Rodríguez exenta por inmunidad judicial
Un aspecto clave del proceso involucró a la vicepresidenta encargada, Delcy Rodríguez. Pese a figurar inicialmente en el grupo de demandados, quedó excluida del fallo definitivo luego de que sus abogados defensores alegaran con éxito en abril pasado que goza de inmunidad soberana civil frente a las cortes de EE. UU. debido a su condición de jefa de Estado reconocida, un criterio que los demandantes aún intentan impugnar.
Fuentes jurídicas consultadas por AP indicaron que esta sentencia representa la mayor indemnización económica otorgada hasta la fecha bajo el amparo de la Ley Antiterrorismo de los Estados Unidos. Esta legislación faculta a las víctimas estadounidenses a reclamar compensaciones punitivas y a ejecutar el embargo preventivo de activos y cuentas bancarias congeladas propiedad de los responsables.
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