Un informe de la ONU explica que los servicios de inteligencia de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de funcionarios del gobierno para reprimir a opositores.
«Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual», denuncia Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela.
Las conclusiones presentadas este martes muestran el papel del servicio de inteligencia (SEBIN) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para llevar a cabo estos atropellos «en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad», señala la misión en un comunicado de prensa.
La misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron «sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes» perpetrados por agentes de la DGCIM desde 2014 hasta la actualidad.
Entre los métodos de tortura utilizados figuran «palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica, como la «tortura blanca»», detalla el texto.
Estos hechos tenían lugar en su sede de Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.
Según el análisis de la misión y la información recibida, las autoridades detuvieron a personas supuestamente disidentes y opositoras al gobierno. En algunos casos el círculo cercano a la presidencia, así como otras autoridades de alto nivel estarían al tanto de los hechos.
“La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
El informe señala al alto gobierno como origen de las órdenes para identificar a algunos de los detenidos por el SEBIN.
Los servicios de inteligencia «han torturado o infligido malos tratos a detenidos, entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos, principalmente en el centro de detención «El Helicoide»», en la capital venezolana.
Exdetenidos en este centro explicaron a la misión de la ONU las pésimas condiciones en las que se encontraban y que muchos presos «tenían que orinar en botellas de plástico», porque sólo se les permitía una visita diaria al baño. Había celdas «privilegiadas» con mejores condiciones para las que los detenidos tenían que pagar.
La misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014.
Caso Zulia
Tanto el SEBIN como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos», añade.
En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.
La misión, que ya presentó dos anteriores informes –en 2020 y en 2021– haciendo hincapié en las violaciones de los derechos humanos en el país latinoamericano, insiste en que estos hechos, especialmente los cometidos por el SEBIN y la DGCIM, «continúan hasta hoy».
Y advierte que «han tenido lugar en un clima de casi total impunidad«, en términos de Francisco Cox, miembro de la misión de la ONU.
El grupo detalla «privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género».
Desde su creación en 2019, el grupo de la ONU no ha sido autorizado a entrar en Venezuela y ha llevado a cabo sus investigaciones en las regiones fronterizas y a partir de entrevistas a distancia.
Basa sus conclusiones en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.
Informe completo. Haz clic aquí.