Desde el año 2015 se han aprobado 97 medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a personas particulares o colectivos, pero ninguna ha sido cumplida formalmente por el Estado venezolano.
En 2019 se otorgaron 23, la mayor cantidad en ocho años.
Hasta septiembre de 2024, la CIDH ha emitido 11 de ellas a favor de políticos, abogados o activistas de derechos humanos que consideran en riesgo, la mayoría de ellas tras las presidenciales de julio y la ola de represión por las manifestaciones poselectorales.
«El Estado ignora por completo lo que venga de la CIDH o la OEA. Pero sirve de mecanismo de presión e incidencia que un organismo de protección te reconozca prima facie la existencia de una violación de derechos humanos», comenta un abogado relacionado a las medidas cautelares acordadas en favor del exdiputado Williams Dávila, quien es beneficiario desde 2017.
Ese año, donde la CIDH emitió un total de 10 medidas cautelares, su defensa solicitó su consideración debido a la persecución a la que estaba sometido y la anulación de su pasaporte, cuestión que nunca se resolvió. Tras su arresto la noche del pasado 8 de agosto y su posterior desaparición forzada, se hizo una actualización sobre su caso.
«No existe una situación formal de cumplimiento, es decir, en la que el Estado reconoce en primer lugar la existencia de su obligación a raíz del dictamen de una medida cautelar, porque lo que ocurre es que el Estado niega la legitimidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí empezamos con un plomo en el ala», señala el abogado Simón Gómez Guaimara, experto en derecho internacional.
El Estado venezolano ha denunciado tanto la Convención Americana de Derechos Humanos (septiembre de 2012) como la Carta de la Organización de Estados Americanos (abril de 2017). Esta última acción garantizaría al gobierno de Nicolás Maduro una salida del sistema interamericano dos años después.
Pero tras los comicios presidenciales de 2018, que no fueron reconocidos por una parte de la comunidad internacional y la propia OEA, la Asamblea Nacional venezolana interpretó un «vacío» y procedió al nombramiento de un gobierno interino con Juan Guaidó como «presidente encargado».
Aún están pendientes por cumplimiento las medidas en favor de niños, niñas y adolescentes en 13 servicios del J.M de los Ríos, personas con esclerosis múltiple, cáncer de mama, indígenas pemones de Kumaracapay, personas con hemofilia y otras coagulopatías, entre otros grupos.
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