El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció este miércoles la revisión de 12.425 expedientes de personas privadas de libertad que permanecen en el sistema de justicia venezolano desde hace más de dos años sin haber recibido sentencia.
La medida fue anunciada durante el reinicio de la denominada “revolución judicial”, un plan impulsado por el Ejecutivo nacional que busca acelerar la evaluación de casos y atender situaciones relacionadas con el retardo procesal dentro del sistema penitenciario.
Cabello informó que actualmente Venezuela cuenta con 58.714 personas privadas de libertad, de las cuales más de 12 mil serán sometidas a una revisión inicial por parte de una comisión especial.
“Hay una tarea inmediata: revisar 12.425 casos. De esos, 4.203 están en centros penitenciarios y 8.222 en centros preventivos”, explicó el funcionario al detallar la distribución de los expedientes.
Comisión evaluará expedientes y entrevistará a detenidos
Según lo anunciado, la comisión encargada del proceso realizará entrevistas directas a los privados de libertad y analizará cada expediente judicial para determinar el estatus de los casos.
Cabello aseguró que la iniciativa no representa una defensa de los detenidos y señaló que dentro de los expedientes existen personas vinculadas a delitos considerados graves.
En ese sentido, indicó que los casos relacionados con narcotráfico no serán incluidos dentro del proceso de revisión.
“Esto no es un tema politiquero, es un tema de política de Estado”, afirmó el ministro, al señalar que la medida forma parte de la Comisión de Reforma del Poder Judicial.
Regiones donde comenzará el plan
El proceso arrancará inicialmente en dos zonas del país consideradas prioritarias por la cantidad de población penitenciaria que concentran.
La primera será la región central, integrada por Aragua, Caracas, Carabobo, Miranda y La Guaira. La segunda corresponde a la región occidental, que incluye Falcón, Lara y Zulia.
Con esta acción, el Gobierno venezolano busca acelerar la revisión de expedientes judiciales en medio de los cuestionamientos por el retardo procesal y la permanencia prolongada de personas detenidas sin sentencia definitiva.