Tras perder varias batallas legales importantes, el gobierno de Trump pidió el jueves a la Corte Suprema que anule el fallo de un juez federal que impide la deportación de cientos de miles de venezolanos en Florida y otros estados.
Estos inmigrantes están demandando al gobierno para conservar su protección migratoria. La importante apelación del procurador general del gobierno podría tener graves consecuencias para un grupo de venezolanos cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS) expiraba en abril según una orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Las mismas protecciones migratorias para otro grupo expirarán en septiembre. Antes de que terminara su mandato, el gobierno de Biden extendió esos plazos hasta octubre de 2026, pero la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó esa política, lo que dio lugar a una demanda presentada por grupos de inmigrantes venezolanos en un tribunal federal de San Francisco impugnando su decisión.
En su petición ante la Corte Suprema, el gobierno de Trump argumenta que esta no tiene autoridad para revisar la decisión de Noem de revocar las protecciones del TPS para los venezolanos que huyeron del régimen opresivo del presidente Nicolás Maduro.
A pesar del éxodo de millones de personas ante el colapso de la economía venezolana, Noem concluyó recientemente que dichas protecciones para los inmigrantes venezolanos son contrarias al interés nacional de Estados Unidos.
“La orden del tribunal contraviene prerrogativas fundamentales del Poder Ejecutivo y retrasa indefinidamente decisiones políticas delicadas en un área de la política migratoria que el Congreso reconoció que debe ser flexible, ágil y discrecional”, escribió el Procurador General John Sauer en la petición de 41 páginas ante la Corte Suprema.