Una filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) inició un proceso de arbitraje internacional contra la empresa estatal jamaicana Petrojam, tras presentar una demanda ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) por la expropiación de su participación accionaria en la única refinería de petróleo de Jamaica.
El reclamo busca obtener una compensación económica por la nacionalización del 49 % de las acciones que pertenecían a PDV Caribe, filial de PDVSA, luego de que el Gobierno de Jamaica asumiera el control total de la instalación en 2019.
El origen de la disputa entre PDVSA y Jamaica
La controversia tiene sus raíces en la iniciativa energética Petrocaribe, impulsada por Venezuela en 2006. En ese contexto, PDV Caribe adquirió el 49 % de las acciones de Petrojam, mientras que el Estado jamaicano, a través de la Petroleum Corporation of Jamaica (PCJ), conservó el 51 % restante.
El acuerdo contemplaba inversiones destinadas a modernizar, ampliar y aumentar la capacidad de procesamiento de la refinería. Sin embargo, según la versión de las autoridades jamaicanas, esos proyectos nunca llegaron a ejecutarse.
Las sanciones a PDVSA marcaron un punto de quiebre
La relación entre ambas partes cambió drásticamente tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a PDVSA, las cuales restringieron las operaciones comerciales de la petrolera venezolana, limitaron el suministro de crudo y complicaron las transacciones financieras internacionales.
Ante ese escenario, el Parlamento de Jamaica aprobó en febrero de 2019 una ley de adquisición obligatoria con el argumento de proteger la seguridad y el abastecimiento energético del país.
Como resultado, el Gobierno jamaiquino tomó el control del 49 % de las acciones que pertenecían a PDVSA y pasó a administrar el 100 % de la refinería.
PDVSA reclama una compensación millonaria
En su momento, las autoridades jamaicanas informaron que el monto correspondiente al valor de las acciones sería depositado en una cuenta de garantía bloqueada, al considerar que las sanciones estadounidenses impedían transferir los fondos directamente al Estado venezolano.
No obstante, Venezuela sostuvo su reclamación sobre el activo y exigió una compensación que incluyera el valor de las acciones, los dividendos acumulados y el valor de mercado de la refinería. De acuerdo con estimaciones realizadas por el Ministerio de Petróleo venezolano, el monto del reclamo rondaría los 250 millones de dólares.
El caso llega al arbitraje internacional
Con la presentación formal del caso ante la Cámara de Comercio Internacional, una de las principales instituciones de arbitraje para disputas comerciales transfronterizas, la filial de PDVSA busca obtener un laudo vinculante que obligue a definir la compensación económica derivada de la expropiación.
Según fuentes del ámbito legal internacional, el proceso podría convertirse en un nuevo capítulo de las disputas internacionales relacionadas con activos venezolanos en el extranjero y con el impacto de las sanciones sobre las operaciones de PDVSA.