La defensa del mandatario venezolano pidió desestimar definitivamente los cargos en su contra, al argumentar que está protegido por la inmunidad soberana y funcional de un jefe de Estado.
El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York fijó para el próximo 17 de diciembre una audiencia judicial para evaluar los argumentos de la defensa de Nicolás Maduro, que busca la desestimación definitiva de los cargos penales en su contra mediante la aplicación del principio de inmunidad soberana extranjera.
La fecha fue establecida por la jueza Analisa Torres, quien asumió el expediente tras el fallecimiento del juez Alvin Hellerstein. La convocatoria se produjo luego de que los abogados defensores Barry J. Pollack y Anna Estevao presentaran, el pasado 9 de noviembre, un memorando de 72 páginas en el que solicitaron cerrar el proceso «con perjuicio», a raíz de los acontecimientos del 3 de enero.
Además, el 16 de noviembre la magistrada autorizó mantener bajo sello determinados anexos probatorios, mientras se prepara una versión con información testada del documento principal.
¿Por qué Maduro reclama inmunidad soberana?
En su argumentación, los abogados sostienen que Maduro debe estar amparado por dos figuras jurídicas: la inmunidad personal que corresponde a un jefe de Estado en ejercicio y la inmunidad funcional relacionada con las actuaciones realizadas en el desempeño de sus funciones oficiales.
El memorando presentado ante el tribunal desarrolla varios argumentos para respaldar esa posición:
- Ejercicio del poder presidencial: la defensa señala que la propia Fiscalía estadounidense reconoció que Maduro llegó a la Presidencia por sucesión constitucional en 2013 y continuó ejerciendo atribuciones ejecutivas después de 2019. Según los abogados, el ejercicio efectivo del poder constituye un elemento relevante para determinar la aplicación de la inmunidad, independientemente de la posición política de Washington.
- Contactos con la Casa Blanca: el documento menciona los acercamientos directos entre representantes estadounidenses y Maduro después de la ruptura de relaciones políticas en 2019. Entre los antecedentes citados figuran la visita del enviado especial Richard Grenell a Caracas en enero de 2025 y una conversación telefónica con el presidente Donald Trump a finales de ese año.
- Representación venezolana ante la ONU: los defensores invocan la aprobación de las credenciales del Gobierno venezolano en las sucesivas sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas desde 2019. También destacan que, en diciembre de 2025, una objeción promovida por Estados Unidos solo habría recibido el respaldo de Ecuador, Argentina, Perú y Paraguay.
- Situación institucional después del 3 de enero: la defensa también hace referencia a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de asignar a Delcy Rodríguez la encargaduría de la Presidencia, sin declarar una falta absoluta. En ese contexto, cuestiona lo que considera una contradicción en la postura estadounidense de establecer vínculos con Rodríguez, quien había sido electa vicepresidenta en unos comicios cuyos resultados Washington cuestionó.
Defensa cuestiona los cargos y la jurisdicción estadounidense
Los abogados también sostienen que Venezuela no ha renunciado a su inmunidad soberana. Como respaldo, citan la intervención del embajador Samuel Moncada ante el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 5 de enero.
Asimismo, cuestionan la aplicación de los señalamientos relacionados con supuestos actos oficiales y la incorporación, el 6 de octubre, de un cargo adicional por presunta conspiración para cometer torturas.
Por esta última imputación, tanto Maduro como la diputada Cilia Flores se declararon inocentes.
La audiencia del 17 de diciembre en Nueva York será clave para examinar los argumentos jurídicos de la defensa y determinar el alcance de la inmunidad soberana invocada en el proceso. Sin embargo, la convocatoria no implica que los cargos hayan sido desestimados ni anticipa una decisión favorable a los acusados.

