Este sábado 01 de noviembre, las fuerzas armadas de Estados Unidos ejecutaron otro ataque letal contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el mar Caribe, como parte de una ofensiva militar impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
El ataque, que dejó tres personas muertas, forma parte de una campaña de operaciones marítimas que ha sido duramente cuestionada por expertos legales y organismos internacionales.
El ataque número 15 desde septiembre
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó la operación a través de un comunicado oficial y un video publicado en la red social X (antes Twitter).
“Por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación de narcotráfico operada por una Organización Terrorista Designada (DTO) en el Caribe”, afirmó Hegseth.
De acuerdo con el funcionario, tres hombres identificados como “narcoterroristas” murieron en la operación, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.
La embarcación, según informes de inteligencia citados por el Departamento de Defensa, transportaba narcóticos y se desplazaba por una ruta marítima reconocida de tráfico de drogas.
Con este ataque, ya son 15 las operaciones militares conocidas que Washington ha ejecutado contra presuntos contrabandistas de drogas desde que comenzó la campaña en septiembre.
Los bombardeos —realizados tanto en el Caribe como en el océano Pacífico— han dejado un saldo total de 64 muertos, según reportes recopilados por medios estadounidenses.
“Los trataremos como a Al Qaeda”, advierte el Pentágono
En declaraciones públicas, Hegseth defendió la ofensiva, afirmando que se trata de una respuesta directa al narcotráfico transnacional.
“Estos narcoterroristas están trayendo drogas a nuestras costas para envenenar a los estadounidenses. No tendrán éxito. El Departamento los tratará exactamente como tratamos a Al Qaeda”, subrayó el secretario de Defensa.
El ataque de este sábado es el primero en el Caribe desde el 24 de octubre, luego de que el Pentágono redirigiera parte de sus esfuerzos al Pacífico oriental, donde los servicios de inteligencia estadounidenses aseguran tener pruebas más sólidas de operaciones de contrabando de cocaína hacia Norteamérica.
De hecho, seis ataques recientes se han llevado a cabo en el Pacífico durante las dos últimas semanas, tres de ellos en un solo día, según fuentes citadas por CNN.
Críticas por posible violación del derecho internacional
Las operaciones han despertado una ola de críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
Varios legisladores demócratas han cuestionado la legalidad de los ataques, alegando que podrían violar el derecho internacional y las normas sobre uso de la fuerza en tiempos de paz.
El viernes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) pidió formalmente a Washington que detenga las operaciones.
“Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe tomar todas las medidas necesarias para evitar ejecuciones extrajudiciales de personas a bordo de estas embarcaciones”, señaló el comisionado Volker Türk en un comunicado oficial.
El funcionario recordó que incluso en casos de lucha contra el crimen transnacional, los Estados deben respetar los principios de proporcionalidad, jurisdicción y debido proceso establecidos por la Carta de las Naciones Unidas.
Una justificación legal secreta
Pese a las críticas, la administración Trump sostiene que las operaciones cuentan con respaldo jurídico.
Fuentes citadas por CNN revelaron que la Casa Blanca elaboró una opinión legal clasificada que autoriza el uso de fuerza letal contra organizaciones criminales transnacionales, incluidas varias redes de narcotráfico latinoamericanas.
El documento, que no ha sido divulgado públicamente, argumenta que el presidente de Estados Unidos tiene la autoridad para ordenar ataques letales contra grupos que representen una “amenaza inminente” para la seguridad nacional y la salud pública del país.
Esa interpretación legal —que amplía el alcance tradicional del uso de la fuerza— ha generado preocupación entre expertos en derecho internacional y defensores de derechos humanos.
Implicaciones regionales
Los ataques estadounidenses en el Caribe podrían tensar las relaciones diplomáticas con varios países de América Latina y el Caribe, especialmente con aquellos cuyos ciudadanos o embarcaciones hayan sido alcanzados por las operaciones.
Analistas advierten que la estrategia podría aumentar la desconfianza en la cooperación antidrogas y debilitar los mecanismos multilaterales de seguridad.
A pesar de las controversias, funcionarios de defensa insisten en que las acciones son necesarias para proteger las fronteras marítimas de Estados Unidos y disuadir a las redes criminales que utilizan el Caribe y el Pacífico como rutas principales para el tráfico de cocaína y fentanilo.