Familiares de detenidos en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en el municipio Maracaibo, denunciaron que seis privados de libertad dieron positivo a la prueba rápida de Coronavirus.

Lo más preocupante es que familiares han recibido la información que los internos sospechosos de portar la COVID-19 son aislados “en un cuartico, donde no tienen baño ni nada” hasta que se les hace la prueba PCR.

Dentro de este recinto no se están cumplimento con los protocolos establecidos por la OMS, aquí reina el hacinamiento, ausencia de servicios púbicos eficientes, no hay alimentos mucho menos medicina y el personal médico brilla por su ausencia, manifiestan angustiados los familiares de los privados de libertad.

Una evidente violación a los Derechos Humanos de los privados de libertad se hace presente con lo denunciado por los familiares dentro de los calabozos del Cicpc de la capital zuliana. Por lo cual  están solicitando  a la ministra de asuntos penitenciarios, Iris Varela, que interceda y les otorgue alguna solución pronto, como sería el arresto domiciliario. Por esta razón, exigen a las autoridades realizar con carácter de urgencia un despistaje del virus.

Más de 300 detenidos

Familiares de los internos, cuyas identidades prefirieron resguardar, denunciaron que hay más de 300 personas detenidas entre los tres calabozos del CICPC. Este hacinamiento permite que sea de más fácil propagación el virus.

Por otra parte, denunció que en la subdelegación del CICPC de Maracaibo hay privados de libertad enfermos de tuberculosis y con enfermedades de la piel sin recibir atención médica.

“Tenemos que estar llevando antibióticos para que estén aliviados, mas no curados”, lamentó otra de los familiares.

A todo este lamentable panorama se suma el retardo procesal, según lo denunciado por una angustiada madre, quien se mantiene en el anonimato  para evitar que su hijo reciba un castigo por su denuncia, señaló que su primogénito lleva 9 meses detenido y aún no tiene respuesta de su situación.

Explicó que son más de 300 personas detenidas, “no hay espacio para moverse. Unos se paran por raticos, otros se sientan… Son tantas personas que están ahí injustificadamente que esperan la orden de los 45 días y ahí quedan”.

Su petición como madre es “que le den justicia a mi hijo como a cualquier ser humano”. Su hijo, contó, actualmente tiene problemas con los riñones y no es atendido.

Los familiares manifestaron que no se atreven a denunciar porque reciben amenazas por parte de los funcionarios.

“Nos amenazan que van a golpear a nuestros hijos, Una vez un funcionario nos quiso sacar el arma afuera de las instalaciones para amedrentarnos porque estamos pidiendo que se respetaran nuestros derechos”, contó.

FE Y ALEGRÍA