La Administración del presidente Donald Trump estableció nuevas restricciones para los recursos de apelación en los procesos migratorios de Estados Unidos. Una nueva normativa del Departamento de Justicia reducirá de 30 a 10 días el plazo para que los inmigrantes impugnen determinadas decisiones de los jueces de inmigración, mientras que el costo de presentar el recurso supera los 1.000 dólares.
La disposición forma parte de una reforma de los procedimientos de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), organismo encargado de revisar las decisiones emitidas por los tribunales migratorios estadounidenses.
La regla definitiva fue publicada el 17 de noviembre de 2026 en el Registro Federal y entrará en vigor el próximo 17 de diciembre. La reducción del plazo contempla excepciones para determinadas apelaciones relacionadas con decisiones de fondo en solicitudes de asilo.
Menos tiempo para impugnar una deportación
Con la nueva disposición, los inmigrantes tendrán 10 días para presentar determinadas apelaciones ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, en lugar de los 30 días que establecía anteriormente el procedimiento.
La reforma también introduce cambios en la revisión de los recursos. Entre ellos, contempla la desestimación sumaria de determinadas apelaciones, salvo que sean aceptadas para una revisión adicional conforme a los nuevos procedimientos.
La Administración Trump argumenta que estas modificaciones buscan agilizar los procesos judiciales y reducir el considerable retraso acumulado en la resolución de casos migratorios.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han cuestionado la medida al considerar que reduce las posibilidades de acceder a una revisión efectiva, especialmente para personas detenidas o que no cuentan con representación legal.
Apelar una decisión migratoria cuesta más de 1.000 dólares
Otro de los aspectos que genera preocupación es el costo económico de presentar un recurso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Según la tabla oficial del Departamento de Justicia, la tarifa para apelar una decisión de un juez de inmigración asciende actualmente a 1.060 dólares.
Este monto representa una barrera económica adicional para quienes buscan impugnar una orden de deportación o una decisión judicial desfavorable.
La normativa enfrentó cuestionamientos judiciales
La reforma inicial, publicada en febrero de 2026, fue impugnada por varias organizaciones de asistencia legal y defensa de los inmigrantes.
En marzo, un tribunal federal anuló parcialmente esa disposición, al considerar que determinados cambios no habían cumplido con los requisitos de consulta pública establecidos en la legislación administrativa. Entre las medidas suspendidas figuraba la reducción del plazo de apelación de 30 a 10 días.
No obstante, el Departamento de Justicia publicó una versión definitiva de la normativa el 17 de noviembre, después de completar el proceso de consulta pública, y fijó su entrada en vigor para el 17 de diciembre de 2026.
Los cambios representan una nueva modificación del sistema de apelaciones migratorias estadounidense y obligarán a los inmigrantes afectados a prestar especial atención a los plazos y requisitos para impugnar decisiones de deportación.

