El número de personas fallecidas bajo custodia del Estado venezolano aumentó este sábado a 26, tras confirmarse la muerte de Edison José Torres Fernández, un funcionario policial de 52 años, detenido desde el pasado mes de diciembre.
Torres Fernández, quien pertenecía a la Policía del estado Portuguesa, se encontraba privado de libertad cuando ocurrió su deceso, lo que vuelve a encender las alertas sobre las condiciones de reclusión y el respeto a los derechos humanos en centros de detención del país.
Denuncian crímenes de Estado desde 2015
El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales informó a través de sus redes sociales que, con este nuevo caso, ya son 26 los presos por razones políticas que han muerto bajo custodia del Estado desde el año 2015.
“La gran mayoría ha fallecido producto de las condiciones de prisión, la falta de atención médica o torturas”, denunció la organización, que calificó estos fallecimientos como crímenes de Estado.
Organizaciones exigen investigaciones independientes
En su pronunciamiento, el comité subrayó que hasta el 11 de enero se contabilizan 26 muertes de detenidos por motivos políticos, sin que —según denuncian— se hayan realizado investigaciones independientes ni se haya establecido responsabilidad penal en la mayoría de los casos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales han reiterado su llamado a las autoridades venezolanas para que garanticen el derecho a la vida, la atención médica oportuna y el respeto a los estándares internacionales en los centros de detención.
Persisten las alertas por la situación carcelaria en Venezuela
Este nuevo fallecimiento se suma a una serie de denuncias sobre condiciones inhumanas de reclusión, retrasos en la atención de emergencias médicas y presuntos malos tratos a personas privadas de libertad por razones políticas.
La muerte de Edison José Torres Fernández vuelve a colocar bajo escrutinio la situación de los detenidos en Venezuela y refuerza las exigencias de transparencia, justicia y rendición de cuentas por parte del Estado.
