La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó a la Asamblea Nacional (AN) tramitar con carácter de urgencia una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, vigente desde 2017.
La petición fue formalizada mediante una comunicación dirigida al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez Gómez, fechada el 28 de septiembre de 2026, en la que la mandataria planteó modificar el instrumento legal y avanzar en la despenalización de las conductas contempladas en la normativa.
De acuerdo con el documento, la iniciativa forma parte de las acciones que el Ejecutivo plantea para transformar el sistema de justicia penal y favorecer espacios de reencuentro y convivencia democrática entre los venezolanos.
“La reforma solicitada tiene por objeto avanzar en la despenalización de las conductas previstas en el mencionado instrumento normativo”, señaló Rodríguez en el oficio remitido al Legislativo.
Reforma busca modificar aplicación de la ley
La solicitud también plantea corregir, según la mandataria, desviaciones registradas en la aplicación de la legislación, además de promover una mayor tolerancia frente a la diversidad y el respeto a la dignidad humana.
Rodríguez sostuvo que la modificación tendría efectos sobre la confianza en las instituciones y la vida democrática del país. Por esta razón, pidió a la Asamblea Nacional que la propuesta sea considerada “con carácter de urgencia”.
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue dictada originalmente en 2017. La iniciativa presentada ahora por el Ejecutivo plantea una modificación parcial del instrumento, por lo que corresponderá al Parlamento discutir su contenido y determinar el alcance de los cambios.
Reencuentro y convivencia democrática
Al anunciar la solicitud, Rodríguez sostuvo que el objetivo es abrir nuevos espacios para el entendimiento entre los venezolanos y promover la tolerancia.
La mandataria enmarcó la propuesta dentro de una agenda más amplia de transformación institucional y diálogo político. En septiembre, su administración también había anunciado medidas relacionadas con la eliminación de restricciones administrativas a determinados portales y plataformas digitales, tras propuestas surgidas de los espacios de negociación con sectores opositores.
La propuesta de reforma queda ahora a consideración de la Asamblea Nacional, que deberá definir el procedimiento legislativo correspondiente y debatir los cambios planteados por el Ejecutivo.