La modificación de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico permitirá la participación de capital privado en distintas actividades del sector. La medida busca atraer inversiones para recuperar la infraestructura y mejorar el suministro de electricidad en Venezuela.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves 19 de noviembre la promulgación de la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, un cambio legislativo que abre las puertas a la participación de empresas privadas, nacionales y extranjeras, en el sector eléctrico.
La modificación contempla la incorporación de capital privado en actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, lo que supone una transformación del esquema de prestación del servicio, históricamente concentrado en el Estado.
La reforma había sido sancionada por unanimidad en la Asamblea Nacional el pasado 10 de noviembre, después de varias jornadas de discusión parlamentaria.
Con su promulgación, el Ejecutivo formaliza un nuevo marco legal que busca facilitar la inversión privada y establecer mecanismos para incorporar nuevos operadores al sistema eléctrico nacional.
¿Qué cambia con la reforma eléctrica?
Uno de los principales cambios es la posibilidad de que empresas privadas participen en diferentes etapas de la cadena eléctrica, mediante los mecanismos de autorización, licencias y concesiones previstos en la normativa.
La reforma también contempla la creación de una Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional, encargada de supervisar y regular la prestación del servicio, así como aspectos relacionados con las tarifas y la autogeneración.
Otro elemento relevante es el esquema tarifario. Durante la discusión parlamentaria, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó que las tarifas estarían vinculadas a la moneda de mayor valor establecida por el Banco Central de Venezuela, que identificó como el euro.
El nuevo marco también contempla mecanismos de subsidios estatales para los usuarios que no tengan capacidad económica para cubrir el costo del servicio.
Una reforma en medio de la crisis eléctrica
La promulgación ocurre en un contexto de dificultades estructurales del sistema eléctrico venezolano, caracterizado por interrupciones recurrentes, limitaciones de generación y problemas de mantenimiento en las redes de transmisión y distribución.
En estados como Zulia, los cortes eléctricos han afectado durante años la actividad comercial, industrial y petrolera, con consecuencias sobre la productividad, los costos operativos y la prestación de servicios.
La posibilidad de incorporar empresas privadas podría abrir oportunidades para inversiones en generación eléctrica, infraestructura y soluciones de suministro para sectores productivos que necesitan mayor estabilidad energética.
Sin embargo, el impacto de la reforma dependerá de su reglamentación, las condiciones para otorgar concesiones, la metodología de cálculo de las tarifas y la capacidad de garantizar inversiones sostenidas en toda la infraestructura eléctrica.
La nueva legislación representa así un cambio significativo en la política energética venezolana, aunque todavía queda por conocer cómo se desarrollará su aplicación y cuáles serán las condiciones que regirán la participación de los nuevos operadores.

