El Tribunal 26° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) dictó medida privativa de libertad contra cuatro funcionarios de la Policía Municipal de Baruta, en el estado Miranda, tras ser señalados de exigir dinero a un hombre para no procesarlo judicialmente, según informó el Ministerio Público de Venezuela.
El suceso se registró la tarde del 28 de enero en el sector San Rafael de Baruta, cuando los cuatro oficiales realizaban un procedimiento policial y detuvieron a un hombre por su presunta participación en un robo.
Los funcionarios —identificados como Rafael Eduardo Salcedo Rosendo (33), Jeison Eduardo Hernández Guzmán (32), Junior Alfonso Nieto Gil (25) y Ángel Manuel Tovar Perozo (24)— habrían exigido 3.000 dólares estadounidenses para dejar en libertad al detenido.
Ante la imposibilidad de pagar la suma completa, la víctima entregó 500 dólares, tras lo cual los policías simularon una “fuga” del detenido. Durante esa maniobra, el oficial en jefe disparó dos veces al aire, en lo que se considera un intento de dar legitimidad a la evasión.
Denuncia y detención de los oficiales
Tras el incidente, el ciudadano se presentó ante la oficina de Investigación de las Desviaciones Policiales de PoliBaruta para denunciar la irregularidad. Esa acción derivó en la aprehensión de los cuatro funcionarios por parte de sus propios compañeros y su posterior puesta a disposición del Ministerio Público.
Cargos imputados por el Ministerio Público
La Fiscalía formuló distintos cargos penales basados en los hechos y el grado de participación de cada funcionario:
- A Salcedo Rosendo, Nieto Gil y Tovar Perozo se les imputó la presunta comisión de los delitos de:
- Retraso u omisión intencional de funciones en la modalidad agravada,
- Favorecimiento a la evasión,
- Agavillamiento,
- Uso indebido de arma orgánica.
- A Jeison Eduardo Hernández Guzmán, además de los delitos anteriores, se le imputó descarga de arma de fuego en zona residencial por los disparos realizados durante la supuesta fuga.
Procesamiento y contexto judicial
El Tribunal 26° de Control consideró suficientes los elementos presentados por la Fiscalía para dictar la medida privativa de libertad en contra de los cuatro funcionarios, quienes permanecerán recluidos mientras avanza la investigación y el proceso judicial en su contra.
Este caso se enmarca en una política judicial en la que el Ministerio Público continúa actuando contra funcionarios implicados en delitos de corrupción y abuso de autoridad, reforzando el combate institucional a irregularidades dentro de cuerpos policiales.