Desde este jueves 28 de agosto, el crucero lanzamisiles USS Lake Erie (CG-70) está en el Caribe luego de atravesar el Canal de Panamá; se estima que se incorporará al operativo militar de Estados Unidos contra el narcotráfico.
De acuerdo con portales de monitoreo marítimo como MarineTraffic, el buque de la clase Ticonderoga aún se encontraba en el Pacífico al momento de su localización, pero a escasa distancia de la vía interoceánica.
El USS Lake Erie cuenta con un sistema de lanzamiento vertical Mark 41 VLS, capaz de disparar misiles de crucero Tomahawk contra objetivos terrestres o antiaéreos. Además, está equipado con proyectiles SM-2MR/ER, que le permiten defenderse frente a aviones y misiles antibuque.
Sus avanzados sistemas de sonar lo convierten en una pieza clave para detectar semisumergibles utilizados en el tráfico de drogas en aguas abiertas.
El crucero no viaja solo. Lo acompañan los tres buques del Grupo Anfibio Listo Iwo Jima (ARG), que transportan entre 4.000 y 5.000 marines.
También forma parte de la operación el submarino nuclear USS Newport News (SSN-750), de la clase Los Ángeles, con capacidad de lanzar misiles BGM-109 Tomahawk.
A esta fuerza se suman al menos tres destructores de la clase Arleigh Burke: el USS Gravely (DDG-107), el USS Sampson (DDG-102) y el USS Jason Dunham (DDG-109), todos equipados con el sistema de combate Aegis y su radar multifunción AN/SPY-1D.
Despliegue en el caribe
El despliegue forma parte de la estrategia de la administración Trump de intensificar la presión sobre el Cartel de los Soles, que Estados Unidos dice que es dirigido por Nicolás Maduro, y otras redes criminales señaladas de utilizar las costas venezolanas como punto clave para el envío de cocaína hacia Norteamérica y Europa.
La acción ha generado críticas en la región. Países como Cuba, México, Colombia y Nicaragua han calificado la operación de “una amenaza grave para la paz regional”, mientras que Ecuador, Paraguay, Argentina, Guyana y Trinidad y Tobago la respaldan.
En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro ha movilizado patrullas navales y más de 15.000 funcionarios militares en la frontera con Colombia, además de activar el registro de 4,5 millones de milicianos para la defensa nacional, calificando la operación como una supuesta agresión inmoral, criminal e ilegal.
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