El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado a favor del Gobierno de Donald Trump al emitir una moción de emergencia que suspende el veredicto del juez federal Edward Chen. Dicha sentencia de Chen, emitida a inicios de septiembre, había restituido temporalmente el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos.
Con esta resolución del Supremo, más de 300 mil personas de nacionalidad venezolana vuelven a quedar en riesgo de deportación en el territorio estadounidense.
La mayoría conservadora del alto tribunal respaldó la decisión de la Administración Trump de suprimir este programa humanitario, vigente desde 1990, que ofrece refugio a inmigrantes afectados por conflictos armados, desastres naturales o regímenes autoritarios. Los tres jueces progresistas del Supremo votaron en contra de la medida.
La Alianza Nacional de TPS había presentado un documento de oposición de más de 50 páginas. En él, argumentaban que no existía ninguna emergencia que justificara la suspensión inmediata.
La Alianza también recordó que dos tribunales federales habían considerado previamente como ilegales las acciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al retirar las protecciones migratorias a ciudadanos venezolanos y haitianos a inicios de 2025.
La orden de la Corte Suprema estará en vigor mientras continúe el procedimiento judicial en curso, un proceso que podría extenderse meses o incluso años.
Anteriormente, el juez Chen había determinado que el Departamento de Seguridad Nacional actuó “con una rapidez y de una forma sin precedentes […] con el propósito predeterminado de acelerar la terminación del TPS de Venezuela”. Este dictamen inicial fue apelado por el Gobierno.
Una de las magistradas progresistas de la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson, redactó una opinión disidente. En ella, criticó al tribunal por conceder una vez más una solicitud de emergencia presentada por la Administración, sumando este a una veintena de casos similares.
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Manuel Arends