La Corte Penal Internacional (CPI) aclaró que el Gobierno de Nicolás Maduro no tendrá acceso a los datos de las más de 8.900 víctimas que enviaron sus testimonios de denuncias de crímenes de lesa humanidad.
La decisión es para evitar riesgos a la seguridad de los testigos y víctimas.
La CPI expuso está gestionando sus contactos con las víctimas “de manera que, en medida de los posible, se limiten los riesgos para ellas u otras personas”.
“La Corte maneja la información recibida con estricta confidencialidad. Esto significa, por ejemplo, que en los procedimientos relacionados al Artículo 18(2), la VPRS registra la información (solicitudes, vídeos, correos electrónicos, etc.) presentada por las víctimas en una base de datos segura a la que sólo tiene acceso el personal autorizado de la Secretaría“, indicó la Corte.
El máximo tribunal internacional recalcó que “esta información sólo se transmite a la Sala; ninguna otra entidad tendrá acceso a ella. La Fiscalía y el Gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los formularios, vídeos y otros documentos presentados por las víctimas o en su nombre”.
En este sentido, la versión pública del Informe de la VPRS “no contiene ningún dato con el que se pueda identificar a las víctimas ni tampoco incluye información de ninguna otra persona u organización que haya participado en el proceso”.
El Gobierno de Nicolás Maduro solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) que se le permita presentar una réplica a los testimonios de las más de 8.900 víctimas que apoyaron la continuidad de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.