Las cancillerías de Colombia y Brasil emitieron un comunicado en la noche de este martes 3 de septiembre en el cual expresaron su «profunda preocupación por la orden de detención emitida el 2 de septiembre por una Corte venezolana contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia«.
Y agregan que «esta medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el gobierno venezolano bajo los acuerdos de Barbados, en los que gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia«.
Por último, ambos países, que han adelantado acercamientos con Nicolás Maduro tras el presunto fraude electoral de las elecciones presidenciales, aseguran que esa decisión judicial «también dificulta encontrar una solución pacífica, basada en el diálogo entre las principales fuerzas políticas venezolanas».
La emisión de esa orden de captura ha sido rechazada por varias naciones e instancias, como la OEA.
Según Luis Almagro, secretario del organismo, «una vez más el poder judicial en Venezuela perpetra actos que lo señalan como instrumento fundamental en la ejecución de crímenes de lesa humanidad en el país».
Dijo, también, que el poder judicial venezolano no «administra justicia sino represión y conculcación de libertades fundamentales, y que se erige en agente principal de la impunidad para las violaciones de derechos humanos».
