Autoridades de Colombia imputaron a nueve presuntos integrantes de una estructura criminal señalada de estar vinculada al tráfico de migrantes a través de la frontera con Panamá, a quienes se les atribuye el lavado de aproximadamente 100.000 millones de pesos, equivalentes a unos 29,1 millones de dólares.
De acuerdo con la Fiscalía General, la organización habría facilitado el traslado irregular de cientos de miles de migrantes por el corredor del golfo de Urabá, en el noroeste del país, utilizando supuestos paquetes turísticos difundidos en redes sociales como fachada para coordinar el movimiento de personas hacia Centroamérica.
Las investigaciones señalan que la red operaba principalmente en los municipios de Necoclí, en Antioquia, y Capurganá, Acandí y Sapzurro, en el departamento del Chocó, zonas clave en la ruta migratoria hacia Panamá a través del Tapón del Darién.
Según el ente acusador, la estructura habría movido grandes sumas de dinero dentro del sistema financiero formal, con registros que superan los 100.000 millones de pesos durante el periodo investigado, incluso en etapas en las que la actividad turística se encontraba restringida.
La Fiscalía indicó que los recursos eran presuntamente ocultados mediante diversas maniobras de lavado de activos, entre ellas transacciones en efectivo, creación de empresas de transporte fluvial y marítimo, compra de bienes y operaciones financieras fragmentadas para dificultar su rastreo.
El caso también involucra a migrantes provenientes de distintos países de Asia, América y el Caribe, quienes habrían sido movilizados por esta red en una de las rutas migratorias más activas y peligrosas de la región.
Las autoridades sostienen que el tráfico de migrantes por el Tapón del Darién se ha convertido en uno de los negocios ilícitos más lucrativos de los últimos años, impulsado por el flujo constante de personas que buscan llegar a Estados Unidos.
El proceso judicial continúa mientras la Fiscalía avanza en la identificación de otros posibles integrantes de la organización y en la trazabilidad del dinero presuntamente obtenido de esta actividad ilegal.