A más de tres años de estallar el escándalo de corrupción conocido como Caso PDVSA-Cripto, la defensa privada de al menos 61 personas vinculadas al entorno del exministro Tareck El Aissami solicitó de forma unánime la nulidad del proceso judicial este miércoles 22 de abril.
De acuerdo al diario El Pitazo, la petición fue presentada tras la juramentación de cerca de 50 abogados, quienes asumieron la representación legal de los acusados luego de que el juicio fuera diferido inicialmente el pasado 20 de abril.
Alegan irregularidades en el proceso
De acuerdo con el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, los abogados argumentaron que el proceso ha estado marcado por presuntas violaciones de derechos humanos y fallas procedimentales.
Entre las irregularidades denunciadas figuran obstáculos para la juramentación de la defensa antes del inicio del juicio, limitaciones en el acceso a las pruebas y restricciones para presentar excepciones legales.
A esto se suma la falta de información pública sobre aspectos clave del caso. Organizaciones como Transparencia Venezuela han advertido sobre la opacidad del proceso, señalando que se desconocen detalles como las causas específicas, los centros de reclusión y las condiciones de los detenidos.
Audiencia diferida sin declaraciones
Según lo informado, tras la presentación de los abogados en horas de la noche del miércoles, no se realizaron las declaraciones de los imputados y la audiencia fue nuevamente diferida.
En paralelo, el periodista Seir Contreras aseguró desde el Palacio de Justicia que los honorarios de la defensa privada oscilarían entre 80.000 y 100.000 dólares. También indicó que El Aissami habría ingresado al tribunal en silla de ruedas.
Una trama millonaria bajo investigación
El caso Pdvsa-Cripto salió a la luz en marzo de 2023, cuando se produjeron detenciones de altos funcionarios y empresarios vinculados a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y otros organismos públicos.
La investigación apunta al desvío de miles de millones de dólares provenientes de la comercialización de petróleo mediante esquemas con criptomonedas, considerados uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.
Entre los implicados figuran nombres como Joselith Ramírez, Hugbel Roa, Samark López, Hugo Cabezas y Pedro Maldonado, además de militares, empresarios y funcionarios públicos.
Estimaciones de Transparencia Venezuela y firmas independientes sitúan el monto del presunto desfalco en más de 16.000 millones de dólares, lo que evidencia la magnitud del caso y su impacto en las finanzas nacionales.
Un proceso marcado por la incertidumbre
A pesar del inicio formal del juicio en abril de 2026, el caso continúa rodeado de cuestionamientos por la falta de transparencia y garantías procesales.
La solicitud de nulidad presentada por la defensa abre un nuevo capítulo en este proceso judicial, que sigue generando atención tanto a nivel nacional como internacional por sus implicaciones políticas, económicas y legales.
Fuente El Pitazo