El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) confirmó que nueve ciudadanos venezolanos se declararon culpables de los delitos de trata de personas, contrabando de migrantes y lavado de dinero. El grupo criminal operaba una red de explotación sexual activa en varios moteles de la ciudad de Nashville, Tennessee.
Según los expedientes del tribunal, la organización criminal captaba a mujeres venezolanas vulnerables con promesas de empleo legítimo para luego forzarlas a realizar trabajo sexual bajo amenazas de muerte.
Un negocio familiar liderado por madre e hijo
Las investigaciones federales detallan que la red estaba encabezada por Yilibeth Carmen Rivero y su hijo, Kleiver Daniel Mota.
Para someter a las víctimas y mantener el control absoluto, la organización empleaba tácticas de terror psicológico y físico:
- Vínculos familiares: La líder de la banda reclutó a sus propios hijos adultos y a sus parejas sentimentales para ejecutar el traslado y la vigilancia de las mujeres.
- Violencia física: Los integrantes de la red utilizaban armas de fuego y golpizas para someter a las víctimas tras su llegada a Tennessee.
- Falsas amenazas de bandas carcelarias: Obligaban a las jóvenes a creer que Mota pertenecía a una peligrosa megabanda carcelaria venezolana y que tenía antecedentes por homicidio en su país de origen, infundiéndoles temor a represalias contra sus familias en Venezuela.
El «esquema de deuda» para financiar el tráfico
El modus operandi consistía en facilitar el ingreso irregular de las mujeres a través de la frontera sur de Estados Unidos. Una vez en Nashville, los captores les notificaban que habían adquirido una «deuda» impagable por el viaje y que debían saldarla prestando servicios sexuales en moteles locales. La organización confiscaba la totalidad de las ganancias obtenidas.
«Estos perpetradores lucraron con el sufrimiento humano al tiempo que socavaban la integridad de nuestra frontera», declaró el fiscal general adjunto, A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.
Sentencia y penas a enfrentar
Los nueve implicados aceptaron formalmente los cargos federales de conspiración para el tráfico sexual, contrabando de extranjeros con fines de lucro y lavado de dinero. Por la gravedad de los delitos, los acusados podrían recibir una condena máxima de cadena perpetua.
La lectura de la sentencia definitiva por parte del juez federal a cargo del caso está programada para la semana del 16 de noviembre.