El exdiputado y experto en energía Elías Matta cuestionó la contratación de dos unidades flotantes a la empresa turca Karpowership y advirtió sobre la falta de transparencia en los costos, el suministro de combustible y las condiciones operativas. También exigió una auditoría de los recursos invertidos en la termoeléctrica zuliana desde 2018.
La contratación de dos barcazas de generación eléctrica a la empresa turca Karpowership, con una capacidad conjunta anunciada de 200 megavatios (MW) para el estado Zulia, reabrió el debate sobre la capacidad de respuesta del sistema eléctrico regional y los resultados del plan de rehabilitación del complejo termoeléctrico Termozulia.
El acuerdo, anunciado el 4 de noviembre por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, fue cuestionado por Elías Matta, exdiputado de la Asamblea Nacional y expresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, quien considera que la incorporación de generación flotante evidencia las dificultades para recuperar de manera sostenida la infraestructura termoeléctrica existente.
Matta calificó la contratación como una «confesión de fracaso», al considerar que, después de años de anuncios oficiales sobre la rehabilitación de Termozulia, las autoridades recurren nuevamente a soluciones de emergencia para atender el déficit de generación que mantiene sometida a la región a prolongados racionamientos.
«El Zulia tiene más de 15 años con racionamiento y supuestamente estaban recuperando Termozulia. ¿Qué pasó con esa recuperación?», cuestionó el especialista.
El exparlamentario sostuvo que la contratación de las unidades flotantes debe analizarse junto con los resultados de los trabajos ejecutados en las turbinas de Termozulia y la cantidad de recursos públicos destinados a su recuperación.
200 MW adicionales: una solución que depende de su operatividad
Desde el punto de vista técnico, las barcazas de generación son centrales termoeléctricas instaladas sobre plataformas flotantes, equipadas con motores o turbinas, generadores y sistemas auxiliares. Estas unidades permiten incorporar capacidad de producción eléctrica sin construir una central convencional desde cero.
Sin embargo, su contribución efectiva al Sistema Eléctrico Nacional no depende únicamente de la potencia nominal anunciada. También requiere disponibilidad de combustible, infraestructura de conexión, capacidad de transmisión, mantenimiento y condiciones adecuadas para operar de manera continua.
En el caso zuliano, uno de los principales puntos de incertidumbre es precisamente el abastecimiento energético de las unidades.
Matta advirtió que la información divulgada sobre el contrato con Karpowership no permite conocer aspectos fundamentales para evaluar su viabilidad económica y operativa.
«No sabemos cuánto va a pagar el país por cada megavatio hora, por cuántos años se firmó, si es alquiler o compra de energía, cuándo llegan las barcazas, dónde se van a fondear ni con qué combustible van a operar», señaló.
El especialista recordó que las limitaciones en el suministro de gas han representado históricamente uno de los obstáculos para el funcionamiento de las plantas termoeléctricas del Zulia. Por ello, considera indispensable conocer quién garantizará el combustible requerido por las unidades flotantes y bajo cuáles condiciones económicas.
También exigió la publicación íntegra del contrato, incluyendo los costos, los plazos, las obligaciones de las partes y las penalidades por incumplimiento, así como la divulgación de las cláusulas que regulen el rendimiento de la generación contratada.
Termozulia: las dificultades para recuperar la capacidad instalada
La contratación de las barcazas coincide con los problemas de disponibilidad que todavía presenta Termozulia, complejo que tiene una capacidad instalada de aproximadamente 1.300 MW.
Aunque durante 2026 las autoridades anunciaron diferentes trabajos de rehabilitación y sincronización de unidades, los resultados han sido limitados frente a las necesidades de generación del estado.
Uno de los episodios más recientes ocurrió con la unidad TZ-7, cuya incorporación de 150 MW fue anunciada el 6 de octubre. Sin embargo, la máquina salió nuevamente de servicio el 12 de octubre, apenas seis días después de su entrada en operación.
De acuerdo con información conocida por el sector eléctrico, se iniciaron evaluaciones mediante análisis boroscópicos para determinar las condiciones internas de la turbina y precisar el origen de la falla.
La unidad TZ-5 también fue incorporada al sistema con una capacidad anunciada de 150 MW, aunque las interrupciones y dificultades operativas han comprometido la estabilidad de la generación disponible.
Estos antecedentes son relevantes porque una central termoeléctrica no se considera recuperada únicamente por alcanzar una sincronización temporal con el sistema. Su disponibilidad sostenida, el cumplimiento de los parámetros de operación y la capacidad de mantener una producción estable son indicadores fundamentales para medir el resultado de una rehabilitación.
Matta cuestionó precisamente la falta de información técnica y financiera sobre los trabajos realizados en las unidades generadoras.
«Esas mismas turbinas ya fueron presentadas como rehabilitadas durante las crisis de 2018 y 2019, y nuevamente en diciembre de 2025. Nunca se ha publicado cuánto se gastó, quién hizo los trabajos, qué falló ni por qué vuelven a fallar», afirmó.
Por esa razón, solicitó un informe público y auditado sobre los recursos invertidos en Termozulia desde 2018, que permita conocer los montos ejecutados, las empresas contratadas, los repuestos adquiridos y los resultados obtenidos.
El antecedente de las barcazas eléctricas en Venezuela
El alquiler de unidades flotantes tampoco representa una experiencia inédita para el país.
Entre 2010 y 2011, Venezuela incorporó barcazas de generación para enfrentar la emergencia eléctrica. Parte de esas unidades fue instalada en la Costa Oriental del Lago, específicamente en el área de San Timoteo y San Lorenzo, mientras que otras fueron destinadas al sistema eléctrico de La Guaira.
Según información recogida por El Pitazo a partir de reportes de Corpoelec, ninguna de aquellas unidades permanece actualmente operativa y se desconoce públicamente su condición técnica.
Este antecedente abre otro interrogante sobre la planificación del sector: el estado de la infraestructura flotante adquirida anteriormente y la conveniencia económica de recuperar esos equipos frente a la contratación de nuevas unidades.
Matta también recordó experiencias internacionales que, a su juicio, obligan a evaluar cuidadosamente el rendimiento de estas soluciones.
Como ejemplo, mencionó el caso de Ecuador, donde una barcaza de 100 MW de capacidad instalada habría entregado apenas 12 MW durante una crisis eléctrica en septiembre de 2024.
El especialista aclaró que no cuestiona la utilización de generación flotante como recurso de emergencia, sino la ausencia de información pública sobre las condiciones de contratación y los mecanismos para verificar el cumplimiento de la potencia ofrecida.
«No estoy en contra de las soluciones de emergencia. Estoy en contra de que se contraten a ciegas, sin licitación conocida, sin cláusulas de desempeño públicas y sin que nadie rinda cuentas si la barcaza no genera lo prometido», enfatizó.
Los 200 MW frente al déficit eléctrico regional
La incorporación anunciada de 200 MW debe evaluarse frente a la demanda eléctrica del Zulia y el déficit de generación que enfrenta la región.
En consecuencia, aunque las dos unidades podrían representar un refuerzo para el sistema, su capacidad no equivale a la solución definitiva de los problemas de suministro.
La diferencia entre potencia instalada, potencia disponible y energía efectivamente entregada resulta fundamental para entender el impacto de este tipo de contrataciones.
Una unidad puede tener una capacidad nominal determinada, pero su aporte real dependerá de las horas de funcionamiento, las interrupciones, la disponibilidad de combustible y las condiciones de conexión a la red.
Por ello, la evaluación del proyecto deberá considerar no solo los 200 MW anunciados, sino también su factor de disponibilidad, el costo de generación por megavatio hora y la continuidad del servicio.
Matta recordó que los racionamientos eléctricos acumulan más de 15 años en el Zulia, con consecuencias sobre la actividad industrial, comercial y doméstica.
«Quince años de cortes, de electrodomésticos dañados, de comercios que pierden mercancía y de familias que no pueden dormir por el calor. El racionamiento sigue y la calidad de vida de los zulianos se sigue deteriorando», manifestó.
Transparencia e inversión para recuperar el sistema eléctrico
El exdiputado también cuestionó el aplazamiento del debate final sobre la reforma de la Ley del Servicio Eléctrico, al considerar que Venezuela necesita condiciones jurídicas e institucionales que permitan atraer inversiones y garantizar la recuperación estructural del sector.
A su juicio, el alquiler de generación flotante puede aliviar temporalmente el déficit, pero no sustituye la rehabilitación del parque termoeléctrico, la modernización de las redes de transmisión y distribución ni la planificación de nuevas inversiones.
«Las barcazas no sustituyen un marco legal bancable ni la recuperación real del parque termoeléctrico», sostuvo.
Finalmente, insistió en que las autoridades deben ofrecer información verificable sobre el contrato con Karpowership y los recursos destinados a Termozulia.
La discusión, en definitiva, trasciende la incorporación de 200 MW. El desafío para el Zulia consiste en recuperar capacidad de generación confiable, garantizar el combustible necesario, mejorar la infraestructura eléctrica y establecer mecanismos de rendición de cuentas sobre las inversiones públicas.
Mientras no se conozcan los costos y las condiciones operativas de las barcazas, así como los resultados auditados de la rehabilitación de Termozulia, seguirá pendiente una evaluación integral de la estrategia gubernamental para reducir los racionamientos eléctricos en la región.