La Asamblea Nacional de Venezuela presentó el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, con el objetivo de promover la paz, la reconciliación y la convivencia entre los venezolanos, luego de más de dos décadas de confrontaciones políticas.
El proyecto, que abarca los hechos ocurridos desde el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026, busca otorgar amnistía general y plena a quienes hayan sido procesados o condenados por delitos políticos o conexos, con el fin de superar los ciclos de violencia y garantizar la estabilidad democrática.
Objetivos y principios
Según la exposición de motivos, la Ley tiene como finalidad:
- Fomentar la paz social, la convivencia democrática y la reconciliación nacional.
- Crear condiciones para un desarrollo armónico de la vida nacional, la tranquilidad pública y el pluralismo político.
- Incentivar el uso de mecanismos democráticos y constitucionales para dirimir diferencias y prevenir la repetición de hechos violentos.
La legislación se regirá por los principios de vida, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social y derechos humanos, garantizando un marco ético y pluralista.
Hechos incluidos en la amnistía
El proyecto detalla que la amnistía aplicará a personas vinculadas con hechos de violencia política ocurridos durante eventos específicos, entre ellos:
- Golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
- Paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003.
- Manifestaciones y conflictos de 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024 vinculados a procesos electorales o movilizaciones políticas.
Delitos excluidos
La Ley establece salvaguardas claras, excluyendo de sus beneficios delitos que comprometen la ética y la dignidad humana, tales como:
- Violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra.
- Homicidio intencional.
- Tráfico de drogas con penas superiores a 9 años.
- Delitos contra el patrimonio público.
Efectos y procedimiento
Con la aprobación de esta Ley:
- Se extinguen todas las acciones penales, administrativas, disciplinarias o civiles vinculadas a los hechos objeto de amnistía, incluyendo solicitudes de extradición.
- Los tribunales verificarán caso por caso el cumplimiento de la Ley, sobreseyendo procesos o revisando sentencias firmes para su anulación.
- Los organismos policiales, militares y administrativos deberán eliminar registros o antecedentes de las personas beneficiadas.
- El Ejecutivo Nacional garantizará mecanismos de seguimiento para la correcta aplicación de la Ley.
Vigencia
El proyecto establece que la Ley entrará en vigor desde su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, sin requerir aportes presupuestarios adicionales, ya que su implementación se realizará mediante los órganos del Poder Público existentes.