A una semana del atentado con artefacto explosivo contra la sede del  Poder Judicial de Maracaibo, esta situación merece el profundo rechazo del gremio de abogados, de los penalistas y Defensores de los Derechos Humanos, que son usuarios  de los juzgados penales.

Así lo señala José Melean, miembro de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos, quien señaló que esta situación no solo de generar el pánico y la perturbación en el trabajo de jueces y funcionarios , puede también afectar  el servicio público de justicia.

Destacó Meleán, que esta acción lesiona el derecho que tienen  los justiciables y sus familiares, así como de otros ciudadanos que también frecuentan la sede del palacio de justicia.

El profesional del derecho también señaló, que es urgente que estos ataques  terroristas,  así reconocidos por sus  perpetradores, sean el motivo para que el Poder Nacional,  implemente estrategias de investigación y dar captura a las bandas involucradas en estos hechos.

“Los abogados litigantes no tenemos culpa, que por los problemas  que tengan funcionarios tribunalicios con algunos delincuentes, pongan en peligro la vida de toda una comunidad  que hace vida laboral en los tribunales”, dijo José Meleán.