La abogada especialista en derecho inmobiliario, Cora Farías, explicó los principales alcances de la nueva Ley de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Viviendas, destacando cinco aspectos que modificarán la relación entre propietarios e inquilinos en Venezuela.
Durante una entrevista concedida a la periodista Shirley Varnagy, Farías señaló que uno de los cambios más relevantes es la legalización de los contratos de arrendamiento en divisas. La normativa permite que el canon de alquiler sea pactado en dólares, aunque el pago podrá realizarse en bolívares al tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Asimismo, indicó que el monto del alquiler podrá actualizarse una vez al año tomando como referencia el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), lo que busca ofrecer un mecanismo de ajuste conforme al comportamiento de la inflación.
La ley no tendrá efecto retroactivo
Otro de los puntos destacados por Farías es el principio de no retroactividad. Esto significa que la nueva legislación solo será aplicable a los contratos suscritos después de su publicación en la Gaceta Oficial.
En consecuencia, los contratos firmados con anterioridad continuarán rigiéndose por la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, vigente desde 2011.
Regresan las medidas cautelares
La especialista también resaltó el restablecimiento de las medidas cautelares para proteger los inmuebles arrendados.
Explicó que, en casos de deterioro del inmueble o de reformas realizadas sin autorización del propietario, será posible solicitar judicialmente el decreto de una medida de secuestro, como mecanismo para resguardar el bien mientras se resuelve el conflicto.
Buscan recuperar la confianza de los propietarios
Como quinto punto, Farías afirmó que la nueva ley pretende incentivar nuevamente la oferta de viviendas en alquiler.
«La realidad es que muchos venezolanos preferían mantener sus inmuebles desocupados por temor a no poder recuperarlos. Esta ley busca devolver esa confianza a los propietarios», señaló la abogada.
De acuerdo con la especialista, estas modificaciones buscan generar mayor seguridad jurídica tanto para propietarios como para arrendatarios y contribuir a la reactivación del mercado de alquileres en el país.