Doce personas fueron condenadas a 30 años de prisión tras ser encontradas culpables de haber participado en el intento de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro.
Los hechos ocurridos el 4 de agosto de 2018 en la avenida Bolívar resultaron en unas 17 detenciones. Otros cinco acusados recibieron condenas entre 24 y 5 años de prisión.
La decisión está contenida en una sentencia del Tribunal Especial Primero de Juicio con competencia en casos vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional a cargo de la jueza Hennit Carolina López Mesa quien leyó el dispositivo la madrugada de este jueves en el Palacio de Justicia de Caracas.
Entre los 12 que fueron condenados a pena máxima figuran tres militares.
Uno de los impuestos de la condena de 30 años es el general Alejandro Pérez Gámez, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como Director de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
A Pérez Gámez lo acusan de haber, presuntamente pasado información sobre el sitio donde se realizaría ese 4 de agosto de 2018 el acto con presencia del presidente Maduro; evento celebratorio del 81° aniversario de la GNB.
El coronel (GNB) Pedro Javier Zambrano Hernández fue otro de los militares que recibió pena máxima. Le achacan haber presuntamente enviado mensajes a los autores materiales del atentado.
Juan Carlos Monasterio Vanegas, sargento mayor de primera en situación de retiro (GNB), igualmente fue condenado a 30 años de prisión. Esta persona era solicitada por su presunta participación en el asalto al Fuerte Paramacay ubicado en Valencia (Carabobo) el 6 de agosto de 2017.
Presuntamente fue quien reclutó a los 11 partícipes en la acción del 4 de agosto de 2018.
Los reclutados también están señalados de actuar en las protestas violentas de los años 2014 y 2017 convocadas por un sector de la oposición.
Los pilotos de los dos drones activados frente a la tarima donde se encontraba el Jefe de Estado ese 4 de agosto, también fueron condenados a 30 años de cárcel: Bryan de Jesús Oropeza Ruiz, Argenis Gabriel Valera Ruiz y Alberto José Bracho Rosques.
Yanín Fabiana Pernía Coronel, la mujer acusada de prestarles logística para esa acción, igualmente recibió pena máxima.
Yolmer José Escalona Torrealba, el explosivista que recibió los drones en Barquisimeto (Lara) para su preparación con C-4, según la investigación, igualmente fue condenado a 30 años.
Emirlendris Carolina Benítez Rosales, una empresaria, catalogada como presunta colaboradora en el atentado fallido, recibió la pena máxima.
Oswaldo Gabriel Castillo Lunar, condenado a 30 años de prisión, confesó mediante un video, ser miembro de la denominada Resistencia Activa. Castillo fue uno de los que se entrenó en el campamento colombiano para la activación de los drones.
Henrybert Enmanuel Rivas Rivas, condenado a 30 años, fue el cabecilla de la operación, según lo declaró en su momento el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. Rivas dijo en un video que después del atentado intentaron sacarlo fuera de Venezuela con la colaboración de la embajada chilena. “Duré cinco meses en el campamento. Practicamos mucho el manejo de los drones», reveló el sujeto.
José Miguel Estada González también integra el grupo de 12 condenados a 30 años de prisión. Colaborador en la preparación de los drones.
Otros condenados
Ángela Lizbeth Expósito Carrillo. 24 años. Acusada de alojar en su vivienda a Henrybert Enmanuel Rivas Rivas, cabecilla de la operación.
José Eloy Rivas Díaz. 20 años. Dueño de la empresa Stand Electronic, señalado de pagar el hospedaje y proveer los equipos electrónicos para la operación.
General Héctor Armando Hernández Da Costa. 16 años. Colaborador en los preparativos
Juan Requesen 8 años. En un video declaró detalles de la operación y su actuación en la misma.
Wilder Anderson Vásquez Velásquez. 5 años. Acusado de colaborar en la logística del ataque.
El juicio por el magnicidio frustrado comenzó el 2 de diciembre de 2019 y culminó (etapa de audiencias) la noche de este martes 2 de agosto.
El Tribunal Especial exhortó al Ministerio Público a que “de el impulso al proceso en contra” de Julio Borges, dirigente político opositor radicado en Colombia, quien presuntamente es el autor intelectual del atentado con drones.