El decreto autoriza la movilización total de la Fuerza Armada, restringe derechos civiles y coloca bajo control militar áreas clave como la industria petrolera y los servicios básicos, en medio de la crisis política tras la caída del chavismo.
El Decreto de Estado de Conmoción fue publicado este lunes en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.954, estableciendo un conjunto de medidas excepcionales que amplían de forma significativa los poderes del Ejecutivo y profundizan la militarización del país.
El texto oficial ordena la movilización de la Fuerza Armada, autoriza el uso de “todo el potencial existente” y somete a control militar sectores estratégicos de la nación, entre ellos la industria petrolera, los servicios básicos y otras áreas consideradas esenciales para el funcionamiento del Estado.
Restricciones al tránsito, reuniones y derechos civiles
El decreto faculta al Ejecutivo a restringir el libre tránsito, cerrar fronteras, limitar o prohibir reuniones y manifestaciones públicas, así como a requisar bienes y dictar regulaciones económicas y sociales extraordinarias.
Asimismo, permite la suspensión de normas legales vigentes que resulten incompatibles con las disposiciones adoptadas, lo que otorga al Gobierno un amplio margen de maniobra en el manejo del orden interno.
Control interno bajo el argumento de “amenaza externa”
Aunque el decreto se justifica oficialmente en la existencia de una “amenaza externa”, el alcance de las medidas apunta principalmente al control interno, en un contexto de alta tensión política derivado del colapso del chavismo y la reconfiguración del poder en el país.
Entre los aspectos más sensibles del texto destaca la posibilidad de militarizar actividades civiles y laborales, colocando a trabajadores de sectores estratégicos bajo supervisión directa de mandos castrenses.
Vigencia inicial de 90 días, prorrogables
El Estado de Conmoción tendrá una vigencia inicial de 90 días, con opción de ser prorrogado, y deja sin efecto cualquier ley o disposición que contradiga las medidas extraordinarias establecidas en el decreto.
La publicación del documento en Gaceta Oficial formaliza uno de los marcos de excepción más amplios de los últimos años, en un momento en que el país atraviesa una transición política marcada por incertidumbre institucional y tensiones sociales.