La Policía española liberó a ocho personas transexuales procedentes de Venezuela y Colombia y detuvo a seis sospechosos, tres en Madrid y tres en Barcelona, por obligarlas a prostituirse en viviendas.

Las víctimas eran originarias de Venezuela y Colombia, y eran captadas con falsas promesas de obtener grandes beneficios económicos. Una vez en España eran alojadas en el piso asignado, se les retiraba el pasaporte y eran controladas 24 horas al día con el fin de evitar la huída.

Los detenidos – dos están ya en prisión – eran liderados por un venezolano, que captaba a las víctimas en esos dos países y les prometía grandes recompensas económicas por trasladarse a España, donde las obligaba a prostituirse y a consumir drogas con los clientes, informó la Policía este miércoles.

La investigación comenzó en 2018 cuando dos transexuales denunciaron en Madrid y en Valencia haber sido víctimas de trata de seres humanos.

El líder de la organización, un transexual venezolano asentado en España, se dedicaba a captar a otros transexuales en situación de vulnerabilidad y precariedad económica en su país de origen. Para ello se servía de otras víctimas traficadas anteriormente quienes, coaccionadas por la organización, convencían a las nuevas para que aceptaran el trabajo.

Para cruzar la frontera española sin sospechas preparaban supuestos viajes turísticos, haciendo entrega a las víctimas de billetes de avión de ida y vuelta, reserva de hotel, seguro de viaje y dinero en efectivo suficiente para justificar el viaje.

El dinero en efectivo era enviado por las víctimas explotadas en España a las nuevas, con el fin de ocultar la identidad de los miembros del entramado criminal. Todo ello era financiado por la líder de la organización.

Una vez ubicadas en los pisos de citas, les retiraban el dinero en efectivo y el pasaporte y les informaban de las verdaderas condiciones en las que iban a ejercer la prostitución. Las víctimas debían estar disponibles todos los días de la semana durante las 24 horas del día y eran obligadas a consumir drogas con los clientes.

Tenían que pagar el alquiler de la habitación, los anuncios en Internet y resto de gastos de manutención contrayendo una deuda con la organización de 10.000 a 15.000 euros por haberlas traído a España.

Inicialmente las víctimas eran enviadas a pisos de citas en Madrid y Barcelona hasta que cubrían parte de la deuda y mostraban obediencia. Una vez que eran sumisas y manipulables, eran desplazadas a otros pisos de citas itinerantes repartidos por el territorio español para abarcar mayor clientela, siendo controladas en todo momento mediante video llamadas y amenazas telefónicas.

La Vanguardia