La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) reportó en su informe mensual que el contexto actual del derecho a la educación en la región está claramente vulnerado con pésimas instalaciones educativas.

El informe establece que de acuerdo con los anuncios gubernamentales, se pautó a partir del 25 de octubre el retorno a clases presenciales en el país.

Sin embargo, la Federación Venezolana de Maestros estimaba que en todo el país (antes de la pandemia) un 70% de los planteles educativos tenía problemas estructurales: falta de agua potable, baños dañados, espacios deteriorados, falta de insumos, comedores cerrados, y luego de dos años de cierre de estas instalaciones la situación se agudizó como consecuencia del vandalismo.

Ante esto, se calcula que, para este año 2021, por lo menos un 90% de las instalaciones escolares requiere reacondicionamiento, debido a filtraciones en techos y/o paredes que necesitan reparación inmediata para evitar daños mayores, así como falta de iluminación y de ventilación.

En el caso del estado Zulia, desde inicios de año, se reportaron constantes robos que han padecido las instituciones educativas que han dejado a las escuelas desalojadas.

A este panorama, se suma la situación de deserción estudiantil. Muchos jóvenes han dejado de lado sus estudios por la necesidad de trabajar o migrar para llevar sustento a sus hogares, lo que empeoró con la aplicación de una educación a distancia a la que no todos tienen acceso.

A su vez, para marzo de este año, Codhez documentó que el gremio de maestros de la región zuliana anunciaba que no se retornaría a las aulas de clases sin un previo ajuste salarial, independientemente la aplicación del plan de vacunación para este sector educativo pues, según el Sindicato Único del Magisterio (Suma) en el Zulia, “la vacunación debe ir acompañada de un sueldo digno”.

“El problema base es que no existe un salario digno para los maestros que les permita cubrir sus necesidades. Ante esta realidad muchos educadores deben dedicarse a otras ocupaciones e incluso se han visto forzados a emigrar, cuestión sumamente preocupante pues se dejan vacíos espacios que muy difícilmente pueden ser colmados por personas preparadas para asumir estas responsabilidades”, indica Codhez.

De acuerdo con el boletín, los municipios rurales del Zulia han sufrido un impacto más dramático y directo que el resto de la región en relación con las dificultades con el acceso a la educación durante la pandemia, tal es el caso del municipio Guajira. En esta zona se denunció la ausencia de las herramientas necesarias para la prosecución estudiantil, como lo es, el acceso a un servicio eléctrico regular, continuo y de calidad, así como al de internet.

Asimismo, Codhez señala que el Plan Cada Casa Una Escuela, ejecutado por el gobierno nacional, deja mucho que desear, pues la educación a distancia no puede basarse únicamente en la entrega de actividades que a menudo son realizadas por los representantes. “La gran mayoría de los docentes tampoco cuenta con los medios electrónicos que permitan optimizar este proceso de aprendizaje”, apunta el documento.

“Este año 2021 puede considerarse como uno de los peores en cuanto a la pérdida de la academia universitaria en el país”, subraya Codhez, advirtiendo que este panorama prevalece desde 2020, acrecentado por la suspensión de las clases presenciales y la insuficiencia presupuestaria para garantizar seguridad, situación que provocó la soledad de las instalaciones universitarias y el aumento de los hurtos y desvalijamientos que apuntan a actos propios del crimen organizado y no solo de la delincuencia común.

Como ejemplo resalta el caso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, donde reportan techos rotos, escasez de pupitres, puertas dañadas y basura acumulada en pasillos y salones. Tampoco cuenta con electricidad debido a que sus brequeras y tendido eléctrico fueron robados.

CODHEZ