Gabriel Díaz Medina. Muere preso político por presunta tuberculosis

Gabriel Andrés Díaz Medina, uno de los nueve procesados por presuntamente intentar secuestrar a Diosdado Cabello, falleció la mañana de este domingo a causa de una tuberculosis, dijeron fuentes judiciales.

Díaz Medina estaba recluido en el Centro Penitenciario de Oriente ubicado en La Pica (Monagas) desde abril de 2020 cuando lo detuvieron en Caracas. Era funcionario de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes).

Según Alfredo Romero de la ONG Foro Penal, Díaz Medina falleció de paro respiratorio. «Estaba recluido en La Pica. Detenido preventivamente, sin condena, desde 24/4/2020. Llevaba más de 1 mes en grave estado d salud sin atención médica. Es el noveno preso político q muere en custodia desde 2014».

Desde hace dos meses, Díaz Medina comenzó a retener líquido en su cuerpo y sus abogados interpusieron permisos ante el Tribunal 4° de Juicio para realizarse exámenes médicos, petición que fue negada, según testimonios.

El viernes pasado, debido a gestiones del Ministerio Penitenciario, Díaz Medina fue trasladado al hospital Manuel Núñez Tovar ubicado en Maturín (Monagas) donde le suministraron vitamina k para detenerle un sangrado.

Escupía sangre por la boca”, dijo un testigo.

Pero en ese centro de salud no había los insumos para practicarle unas pruebas requeridas, situación que fue planteada al Tribunal 4° de Juicio desde donde no respondieron al respecto, de acuerdo a lo investigado. En concreto, su abogado solicitaba trasladarlo a una clínica privada para efectuarle las pruebas.

El juicio contra los procesados por el presunto secuestro al primer vicepresidente del Psuv prosigue este 1° de septiembre. Los acusados están identificados como Luis Eduardo Villarroel Caña, Carlos Alejandro Pérez Farías, César Horacio Belfort Rojas, Daniel Enrique Aguilera Gutiérrez, Víctor José Farías Quijada, Francisco José Marcano Benavides, Enrique Naurix Parada, Gabriel Andrés Medina (fallecido) y José Ramón Cruz Marcano.

Según el gobierno, el secuestro era hacer efectiva la recompensa de 10 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 26 de marzo de 2020 a quienes proporcionaran información que conduzca a la detención de Cabello.

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