Incluidos Lagunillas y Valmore Rodríguez. TSJ levantó suspensión de impuestos a 52 municipios

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) levantó la suspensión de 90 días, decretada el 7 de julio de 2020, sobre los instrumentos normativos dictados por los concejos municipales de 52 municipios, mediante los cuales se habían establecido tasas o contribuciones de naturaleza tributaria.

Los municipios ahora podrán hacer modificaciones y aumento de tasas en función del ingreso tributario. La medida trata de rescatar la economía de esas entidades. Valmore Rodríguez y Lagunillas, municipios de la Costa Oriental del Lago, fueron incluido en la lista

Indica la sentencia que los municipios involucrados en la decisión son: Carirubana (Falcón), Los Salias (Miranda), Biruaca (Apure), Rómulo Gallegos (Apure), San Fernando (Apure); Sucre (Aragua), Alberto Arvelo Torrealba (Barinas), Cruz Paredes (Barinas) y Heres (Bolívar).

Asimismo, los municipios Bejuma (Carabobo), Carlos Arvelo (Carabobo), Montalbán (Carabobo), Puerto Cabello (Carabobo), San Diego (Carabobo), El Pao (Cojedes), San Carlos (Cojedes), Dabajuro (Falcón), Santa María de Ipire (Guárico), Pedro Zaraza (Guárico), Camaguán (Guárico), El Socorro (Guárico) José Félix Ribas (Guárico), Juan Germán Roscio (Guárico), Julián Mellado (Guárico), Leonardo Infante (Guárico), San Gerónimo de Guayabal (Guárico).

Igualmente, Iribarren (Lara), Torres (Lara), Carrizal (Miranda), Arismendi (Nueva Esparta), Mariño (Nueva Esparta), Páez (Portuguesa) Cajigal (Sucre), Bolívar, (Táchira), Cárdenas (Táchira), Junín (Táchira), Boconó (Trujillo), Carache (Trujillo), San Rafael de Carvajal (Trujillo), Trujillo (Trujillo), Valera (Trujillo).

San Felipe (Yaracuy), Cañada de Urdaneta (Zulia), Colón (Zulia), Lagunillas (Zulia) Rosario de Perijá (Zulia), San Francisco (Zulia), Sucre (Zulia), Valmore Rodríguez (Zulia), Bolívar (Aragua), José Félix Rivas (Aragua) y el municipio Turístico El Morro del estado Anzoátegui.

Mediante la medida levantada por la Sala Constitucional se suspendía la aplicación de cualquier instrumento normativo dictado por los concejos municipales y consejos legislativos de los estados que establecieran algún tipo de tasa o contribución de naturaleza tributaria, así como cualquier decreto o acto administrativo de efectos generales dictado con la misma finalidad por los alcaldes o gobernadores.

En tal sentido se ordenó la conformación de una mesa técnica para armonizar lo referido a los tipos impositivos y alícuotas de los tributos.

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