DETENIDO EN VALENCIA. MP IMPUTA A MÉDICO COLOMBIANO POR TRÁFICO DE MEDICAMENTOS

«El galeno captaba a los familiares y les informaba que el hospital centinela no tenía recursos médicos, y que él podía conseguir cada ampolla de Remdesivir por un costo de 800 dólares, cuando el Ministerio de la Salud lo entrega gratuitamente», dijo Saab al comentar que también cobraba a los familiares el ingreso al centro hospitalario.

El Fiscal Tarek William Saab, informó sobre la detención Antonio José Amell Cantillo, de nacionalidad colombiano y que se desempeñaba como médico residente la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET), ubicada en Valencia, estado Carabobo.

En rueda de prensa informó que el profesional de la salud fue detenido por vender medicinas de distribución gratuita para el tratamiento de la Covid-19.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, reiteró este miércoles que el médico colombiano, José Amell Cantillo, es un delincuente, cuya detención no ha sido arbitraria y a quien se le garantizan los derechos humanos.

De esta manera el fiscal responde a la Cancillería colombiana y a un grupo de senadores de ese país, quienes «han pretendido armar un escándalo», por la detención de Amel Cantillo, a quien el Ministerio Público le ha imputado los delitos de concusión, contrabando de extracción y asociación para delinquir.

«Estamos hablando de un delincuente, no de una detención arbitraria para perjudicar a sus connacionales colombianos, como quieren hacer ver desde el vecino país», dijo al explicar que se trata de «una deplorable violación de códigos éticos del ejercicio de la medicina».

«En Colombia se ha pretendido armar un escándalo por la detención de este médico: se han pronunciado un grupo de congresistas y la Cancillería de ese país, haciendo ver que se trata de una detención arbitraria y que su vida corre peligro», dijo el fiscal al comentar que quienes corrían peligro de vida eran «los pacientes que en mala hora cayeron en sus manos».

Cuestionó que las autoridades colombianas «se pronuncien en defensa de este delincuente, que no por ser médico tiene una patente de corso para hacer lo que quiera y actuar impunemente. Me gustaría ver pronunciamientos de congresistas condenando masacres que ocurren día sí y día también en Colombia».

Saab explicó que el médico, residente de Medicina Interna en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET), ubicada en Valencia, estado Carabobo, fue detenido tras un arduo trabajo de inteligencia realizado por el Ministerio Público con la Policía Nacional contra la Corrupción y el Sebin.

Explicó el fiscal que fue posible detenerlo, gracias a las «denuncias realizadas por familiares de los pacientes y se pudo determinar que comercializaba medicinas para el tratamiento del COVID-19, las cuales son suministradas por el Estado venezolano de forma gratuita».

«Captaba a los familiares y les informaba que el hospital centinela no tenía recursos médicos, y que él podía conseguir cada ampolla de Remdesivir por un costo de 800 dólares, cuando el Ministerio de la Salud lo entrega gratuitamente», dijo Saab al comentar que también cobraba a los familiares el ingreso al centro hospitalario.

«También mantenía asociación con al menos cinco farmacias privadas, para vender los medicamentos que eran sustraídos del hospital», preciso el fiscal al informar que «el director del hospital, Alexis Rivera, está siendo investigado para determinar si hubo complicidad de su parte».

Al momento de su detención hallaron en la residencia de Amel Cantillo «insumos médicos y medicamentos: 55 recipientes de polvo liofilizado para dilución, 132 viales y 15 envases de solución fisiológica producidos para uso hospitalario exclusivo en Colombia».

También fue detenida Francis Margarita Aguiar Salazar, representante de la Quincalla y Frutería Central, ubicada detrás de Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera, donde se incautaron planillas y formularios de documentos que eran utilizados en la administración de servicios médicos del hospital, además de medicinas de distribución gratuita otorgadas por los programas sociales del Estado.

A esta ciudadana -dijo el fiscal- el Ministerio Público le imputa los delitos de forjamiento de documentos públicos, contrabando de extracción y asociación para delinquir.

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