El Departamento del Tesoro sanciona a los «diputados CLAP»

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones a los diputados opositores Luis Parra, José Brito, Franklyn Duarte, Negal Morales, José Gregorio Noriega, Conrado Pérez y Adolfo Superlano.

Esos parlamentarios decidieron romper el quórum y agruparse en una fracción política que, acusada de corrupción y de ser sobornada por el gobierno de Maduro con 1.500.000 dólares para cada uno, juramentaron y conformaron de manera ilícita una junta directiva paralela a la de Juan Guaidó, esto con solo 50 votos de los diputados del chavismo y el aval expreso del propio presidente Nicolás Maduro.

Aunque el Departamento del Tesoro no ha ofrecido especificaciones, esas sanciones podrían consistir en bloqueos de sus cuentas bancarias en el sistema financiero estadounidense, revocación de sus visas, prohibición de entrada al país, congelación de activos y bienes e investigaciones por hechos de corrupción.

De hecho, no se descarta que esas sanciones también apunten hacia posibles operaciones o transacciones de esos diputados para movilizar los capitales que poseen a través esos presuntos sobornos que les otorgó el Gobierno para ser parte de esa operación política, que generó caos y disturbios en el Parlamento venezolano el pasado 5 de enero.

Hasta ahora, los diputados sancionados no se han pronunciado, pero hace días Luis Parra, juramentado por el chavismo como presidente de la AN (en disputa con Guaidó), aseguró que no le importan las sanciones que EEUU le imponga porque “la AN es un Parlamento soberano y Venezuela es un país soberano”. “Agarren y bloqueen todas mis cuentas si quieren”, dijo Parra recientemente.

En las próximas semanas, se espera que EEUU anuncie nuevas sanciones contra altos funcionarios del gobierno de Maduro y contra la administración chavista en general, similares a la más reciente y fuerte medida de Trump contra el gobierno venezolano, que fue la congelación de sus activos y los de PDVSA en territorio estadounidense. No se descarta un posible embargo petrolero o bloqueo de importaciones.

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