Venezuela es el peor. Sistema de pensión en Latinoamérica es alarmante

El tema de las pensiones es alarmante en la región, la población latinoamericana está envejeciendo a pasos agigantados y se estima que en las próximas décadas países como Nicaragua, México y Chile lo harán hasta tres veces más rápido que algunas naciones europeas.

La situación más dramática se registra en países como Venezuela o Argentina, marcados por la recesión y con tasas de inflación que han hundido el poder adquisitivo.

En Venezuela, por ejemplo, existen 4,5 millones de pensionados y todos perciben mensualmente el equivalente del salario mínimo legal: 150.000 bolívares o 6,9 dólares.

En Argentina, los jubilados están entre los más golpeados por la crisis, con una pensión mínima en octubre de 13.437 pesos argentinos (unos 218 dólares), mientras su canasta básica se cifra en más del doble, 37.815 pesos (595,5 dólares).

A esto se añade el descenso de las tasas de cobertura en Paraguay, pese a su importante bono demográfico, o en México (solo 1 de cada 4 adultos mayores recibe una jubilación contributiva), hecho que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha vinculado con la privatización de las pensiones.

Se estima, además, que 80.000 mexicanos alcanzarán la edad de jubilación en 2022, pero 7 de cada 10 no acumularán las 1.250 semanas de cotización necesarias. Una preocupación que se comparte en República Dominicana, donde se requiere una edad mínima de 60 años y haber cotizado prácticamente 30 años.

Bajo esas condiciones, la OIT calcula que más de la mitad de los adultos mayores de América Latina no logra recibir una pensión de un sistema contributivo, por lo que se ven forzados a permanecer en el mercado laboral.

También en Colombia, donde el sistema público es parte de un modelo paralelo, se está analizando una reforma, criticada por supuestamente plantear un aumento de la edad de jubilación y del porcentaje de aporte de los trabajadores.

Perú, con un modelo similar al colombiano, pasa también por una crisis que ha generado presión para que se hagan modificaciones.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), tal como está el sistema peruano, quienes aporten en el sector privado recibirán una pensión equivalente a un tercio de su sueldo; mientras en el público, el 60 % no recibirá pensión por no haber acumulado 20 años de aportes.

Ecuador, que acaba de superar una grave crisis por protestas sociales, tiene su propio dilema por el temor de algunos sectores a que se afecte la jubilación patronal, un derecho de los trabajadores con 25 años de servicio o más, o a nuevas formas de contratación que precaricen el empleo.

En tanto, el miedo en Honduras es que se ponga en riesgo lo que recibirán los trabajadores, al permitir que parte de los aportes se utilice para financiar los servicios de salud.

Mientras en Uruguay, donde funciona un sistema mixto (Estado y privado), el representante de Pasivos del estatal Banco de Previsión Social, Sixto Amaro, señala que es necesaria una reforma, pero dice que aumentar la edad de jubilación no tendrá un impacto real.

Alberto News

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