XV Censo de Población y Vivienda: Crece la angustia e incertidumbre entre los Ciudadanos y comerciantes

El XV censo de población y vivienda adelantado cuyos empadronadores serán miembros activos del PSUV y milicianos, y del que se teme tengas fines meramente políticos es causa de angustia entre los ciudadanos y comerciantes del país.

La afirmación del vicepresidente territorial y ministro de Planificación Ricardo Menéndez hace dos semanas causó sorpresa y cierta angustia en la población. La noticia del adelanto del XV Censo de Población y Vivienda -cuyos preparativos se habrían venido realizando desde 2018-, para este año fue recibida con estupor en diferentes sectores del país, pues de acuerdo con lineamientos internacionales este tipo de eventos tienen lugar cada 10 años  (el último en nuestro país fue en 2011), por lo que correspondería realizarlo en el 2021.

La información revelada por el funcionario contenía otras novedades, entre ellas que el sondeo se haría por fases y sería realizado por personal acreditado del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) como empadronadores, pero también por activistas políticos como los integrantes de la milicia y del partido Somos Venezuela.

¿Por que este anuncio del censo ha causado tanta perturbación?

Porque cinco millones y medio de venezolanos están fuera del país, entonces en un apartamento solo está el abuelo, entonces la pregunta es ¿le doy esa información de habitaciones y espacios libres o viviendas no habitadas a un gobierno que ha hecho de la palabra expropiación una de sus claves fundamentales? Incluso podrían estar justificando una modificación de los circuitos electorales ante la diáspora, hay una trayectoria de una administración que usa información confidencial para fines partidistas por lo que la inquietud es razonable”, aseguró.

La organización civil MiCondominio.com, dirigida por Elías Santana, fue la primera en alzar una voz de alerta y hasta consignó una misiva dirigida a Menéndez en la que le solicita una serie de explicaciones acerca del adelanto del censo y la escogencia de los empadronadores.

Resaltó, que es un acuerdo internacional desarrollar los censos en los años que terminan en cero o en 1 y en nuestro caso toca en el 2021, le preguntamos por qué el apremio. Se habla además de que tres componentes participarán en el censo: la milicia, el partido Somos Venezuela y el poder popular, representado por los consejos comunales, pero hay muchos en el país que no están registrados y de las UBCH que son instancias del Psuv. Los partidos tienen derecho a organizarse pero no para un censo, siempre se han seleccionado a estudiantes universitarios mediante concurso público y se les da una preparación previa”, expresa Santana.

Santana advierte que la posición adoptada por las asociaciones de vecinos y los condominios es que no cooperarán con el censo, basados en el artículo 61 de la Constitución que habla de la objeción de conciencia. Es decir, no abrirán las puertas de los hogares, y si lo hacen expresarán a los funcionarios o militantes de manera pacífica por qué no están de acuerdo con la consulta. Y afirma que si el Ejecutivo realiza el censo de forma irregular acudirán a instancias nacionales e internacionales para impugnarlo.

El dirigente también menciona que se hace un extraño énfasis en que se trata de un censo inmobiliario y asignarán un código QR para darles a personas determinadas toda la información sobre las características internas de una vivienda.

 Dijo que en las asambleas de vecinos y organizaciones se ha despertado la inquietud por revelar a un activista político y por el  destino de tales datos el uso de cada hogar, cuántos integrantes de la familia viven allí o si los propietarios están fuera del país. Recordó que de una consulta nacional de este tipo depende el situado constitucional, y está dirigida a diseñar políticas públicas en materia de salud, educación y leyes sobre la base de la data recolectada, pero que en la Venezuela de hoy hay motivos de peso para creer que esos no son los objetivos.

Planificación a ciegas

El profesor Gerardo Correa, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en el área de estudios demográficos, indica que un censo mal hecho conduciría a una planificación a ciegas.

Y es que el clima de conflictividad política y social del país no favorece a este ni a ningún sondeo -como ha sido el caso de la encuesta Encovi- que busque indagar cómo vive la población en Venezuela. Si a ello se le suma -apunta el estadístico- el hecho de que el gobierno, lejos de contribuir a tranquilizar a la población crea mayor incertidumbre al notificar que los milicianos participarán en el censo, constituye una receta para el fracaso.

Comerciantes atentos

Al presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, no le preocupan los aspectos técnicos del censo sino las intenciones del Ejecutivo.

“Si la política pública derivada con respecto a los inmuebles censados pudieran ser expropiaciones y confiscaciones, por supuesto que expresaremos nuestro desacuerdo y rechazo porque no avalamos este tipo de ataques contra la propiedad privada; todo lo contrario, buscamos la defensa de la propiedad en el marco de una economía de libre mercado donde privilegie la ley de oferta y demanda. El tema no son los aspectos técnicos, son las acciones de las personas y los funcionarios”, sostiene.

Durante su participación en un programa en Venezolana de Televisión, Menéndez indicó que “los compañeros saldrán a hacer la revisión inicial de todas las viviendas, infraestructuras, los comercios, las industrias, todas las parcelas que hay y se les va a fijar unas etiquetas con el código QR que sustituye a las que tradicionalmente se pegaban con la palabra censada.

Ese código remite a la cédula inmobiliaria por lo que a cada vivienda se le asignará una para el posterior seguimiento (visita de los empadronadores), con ese código se abren las puertas para la simplificación de trámites en todo el país a través de esa cédula de la vivienda”, indicó Menéndez.

Al respecto, la expresidenta del gremio de comerciantes, Cipriana Ramos, advierte que el gobierno no tiene derecho a entrar en una edificación y pretender indagar sobre las empresas que allí funcionan, en aras del respeto a la propiedad privada y que si  desea saber cuántas hay y a qué se dedican que acuda a las unidades de catastro de las alcaldías donde reposa la información.

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