La red de estafas de un ex magistrado y un abogado venezolano en Colombia

Un presunto magistrado del “Tribunal Supremo de Justicia legítimo” de Venezuela y un abogado venezolano están en el medio de una trama de presuntas estafas a migrantes en Colombia.

Todo parte de una alianza con el propósito de edificar una red de organizaciones no gubernamentales, destinadas a ofrecer asistencia a los migrantes. Sin embargo, enturbiadas por su manejo opaco.

En el documento inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá se lee que la fundación, conformada con el propósito de «promover los derechos de los migrantes en la República de Colombia», es dirigida por Gonzalo Oliveros, Gerardo Aponte, Rainoa Martínez y dos nombres nuevos: Gabriel Mazzali y Ricardo Castillo Serrano.

El primer caso que hizo ruido fue el relacionado al sistema de salud de Bogotá. Un patrón fue detectado en la secretaría de Salud y detonó, primero la sospecha, y luego una investigación formal. Decenas de tutelas —o demandas contra el Estado— llegaban a las puertas de la Secretaría Distrital de la capital y todas eran presentadas por venezolanos bajo características similares. Llegaban, al menos, según testimonios de Secretaría de Salud, de 30 a 50 tutelas diarias. Se trataba de una sobrecarga.

Migrantes argumentando que sus derechos no eran garantizados cuando antes no habían, siquiera, tocado la puerta. Fue entonces cuando una investigación impulsada por funcionarios, incluso a espaldas de Secretaría, llevó a apuntar en una misma dirección: ASOVENEZUELA.

Uno de los servicios que ofrece la organización de Oliveros y Aponte era el de las tutelas para, presuntamente, presionar al Estado colombiano y obligarlo a brindarle ciertos derechos a los venezolanos migrantes. Lo que no decían a sus clientes —desconcertados por su dramática realidad y, en la mayoría de los casos, ajenos a cualquier discusión jurídica— era que jamás correspondió hacer tutelas y que, en caso de requerirlas, el servicio era ofrecido de manera gratuita por la Personería de Bogotá. En ASOVENEZUELA, en cambio, cobraban.

Sin saber que se trataba de una estafa, los venezolanos, muchos en condición de indigencia, invertían todos sus esfuerzos en acompañar el proceso que la organización iniciaba de forma marginal. Porque, astutos Oliveros y Aponte, su firma o nombre jamás aparecía en algunos de los documentos que sus clientes presentaban ante el Estado colombiano. No tenían por qué firmarlos. Al final, se trataba de presuntas iniciativas de los migrantes.

Rechazo

“De manera firme y categórica condenamos cualquier acto ilegal, en especial, aquellos dirigidos a perjudicar, engañar y estafar a las familias venezolanas que está migrando en condiciones inhumanas”, reza parte de la misiva publicada en Twitter.

En la misma, el TSJ en el exilio aclara que Oliveros, aunque fue designado como uno de sus magistrados por la Asamblea Nacional, renunció formalmente poco después, por lo que sus acciones están completamente desligadas del órgano.

El tribunal venezolano con sede en Washington dijo que, con respecto al otro venezolano señalado por estafa, Gerardo Aponte, este nunca fue nombrado magistrado y que no tiene vínculo alguno con su figura.

El órgano manifestó su deseo de cooperar, en la medida de lo posible, con las autoridades colombianas para que los responsables sean juzgados acorde a la ley.

PanamPost/El Nacional

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